El juez imputa a la cúpula de Hansa Urbana por un proyecto en Cartagena

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que instruye el presunto caso de corrupción urbanística Novo Carthago, ha imputado al presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y a dos ex altos cargos del gobierno murciano, pero ha retirado la que pesaba sobre el socialista Ángel Luna.

El magistrado instructor imputa al ex director general de Infraestructuras Turísticas y exsubdirector general de la Vivienda del Ejecutivo murciano, José María Ródenas, y a la exsecretaria general de la entonces Consejería de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez, que deberán declarar a mediados de noviembre.

Por el contrario, ha retirado la imputación que pesaba sobre el diputado socialista de las Cortes Valencianas Ángel Luna, porque al estar aforado, el tribunal competente para encausarlo sería el Supremo. Eso, señala el instructor, solo ocurriría si las investigaciones arrojaran algún indicio contra él, en cuyo caso habría de enviarse una exposición motivada al Alto Tribunal.

Informes al Sabadell-CAM

También reclama al Banco Sabadell-CAM que le informe sobre la actividad que esta entidad desplegó como empresa financiadora del proyecto urbanístico, que se proponía construir varios miles de viviendas, hoteles y un campo de golf junto al Mar Menor y que afectaba a un espacio protegido. Igualmente, se ha dirigido a la empresa Hansa Urbana para que le remita todo documento relacionado con el proyecto Novo Carthago, quién fue quien lo inició y qué préstamos se pidieron a la entonces Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). También le dice que deberá informar al instructor sobre las garantías o avales que les fueron pedidos y quiénes votaron a favor o en contra de solicitar los préstamos y de qué cuantía eran estos, para lo que la promotora dispone de un plazo de diez días.

El hoy Banco Sabadell-CAM tendrá que aportar además toda la documentación de que disponga sobre los préstamos y créditos concedidos a Hansa Urbana entre 2001 y 2006 para la compra de terrenos de Novo Carthago, «así como los informes de riesgo emitidos para su concesión y las actas del consejo de administración en el que fueron aprobados». La información deberá recoger también el nombre de los consejeros que votaron a favor, el de los que votaron en contra e incluso el de los ausentes, "y si consta, la causa de su ausencia".

Por otro lado, el instructor reclama al Gobierno murciano que le informe sobre la declaración de Lugar de Interés Comunitario de los terrenos afectados en el proyecto, y se ha dirigido también al Ayuntamiento de Cartagena para que le remita copia del proyecto de reparcelación de la zona y de las incidencias surgidas durante su tramitación. Finalmente, se dirige a la Asociación de Naturalistas del Sureste para que aporte la denuncia que presentó ante la Comisión Europea contra ese plan urbanístico.

En el caso Novo Carthago están imputados igualmente, entre otros, el actual consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, y el exdirector general del Medio Natural Carlos Brugarolas por su presunta participación en la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para hacer viable ese proyecto.