La Fiscalía pide dos años de cárcel para el exalcalde de Gondomar

El exalcalde de Gondomar (Pontevedra), Martín Urgal (PP), y el exconcejal tránsfuga, Alfonso de Lis (expulsado del PSOE tras apoyar una moción de censura contra el nacionalista Antón Araúxo), se enfrentan a dos años de prisión y a una multa de 22.500 euros, penas solicitadas por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación urbanística.

Los dos políticos, que se sentarán en el banquillo este martes y este miércoles, en la sala de lo Penal número 2 de Vigo, están acusados de cometer irregularidades en la concesión de más una treintena de licencias en este ayuntamiento del Val Miñor. Las licencias se dieron en contra de la opinión de la secretaria municipal y de la técnico de la administración general de Urbanismo. Estas dos funcionarias rechazaban la concesión de licencias porque Gondomar carece de planeamiento urbanístico --el plan de ordenación de 1997 fue anulado por los tribunales--, mientras que el gobierno municipal se amparaba en las normas subsidiarias anteriores para la aprobación de esos permisos.

Tras apartar a las técnicas de sus funciones, el alcalde contrató los servicios de un asesor externo para poder aprobar las licencias, y tanto él como Alfonso de Lis (exedil de Urbanismo) han defendido siempre la legalidad de sus actuaciones en esta materia. Las funcionarias denunciaron lo sucedido ante la Fiscalía, y el BNG se sumó a esa denuncia. Se da la circunstancia de que otro exalcalde de Gondomar, Carlos Silva también del PP, fue condenado a 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación, junto con los cinco ediles de su Junta de Gobierno, por prevaricación urbanística. La condena fue ratificada por la Audiencia Provincial y, pocos días después, un juzgado de Vigo lo absolvía de una acusación por falsedad documental.

Previamente, en febrero de 2007, dos concejales del gobierno de Silva (junto con la novia de uno de ellos y un arquitecto vigués), José Luis Mosquera y Alejandro Garrido, habían sido detenidos y acusados de cohecho, por el cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos. La Audiencia Provincial les condenó a 15 años de inhabilitación y 135.000 euros de multa, en el caso de Mosquera; y a 3 años de inhabilitación y 540.000 euros de multa, en el caso de Garrido, que fue edil de Urbanismo. En las elecciones de 2007, fue elegido alcalde de Gondomar Antón Araúxo, entonces en el BNG, que gobernó en coalición con el PSOE hasta que surgieron las desavenencias, que concluyeron con la moción de censura votada en un pleno el 7 de julio de 2009, apoyada por los concejales del PP (a excepción de Silva, que no estuvo presente), del PSOE, y de Move Gondomar. En ese momento, fue elegido alcalde Martín Urgal, número dos de los populares en esa localidad.

En los comicios de 2011, el PP obtuvo la alcaldía para Fernando Guitián, gracias al apoyo del CDL de Natalia Salgueiro. Sin embargo, la estabilidad está lejos de mantenerse en este Ayuntamiento, donde Guitián ha apartado de sus funciones a su número dos, Eladio Costas; y también ha cesado al secretario municipal.