Con el agua al cuello, todavía más

Así está la Generalitat, financieramente hablando, por el desastroso proceso de privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Por querer apuntarse una rebaja contable de casi 1.000 millones de euros del déficit en 2012, el consejero Andreu Mas-Colell, con sus prisas y la contraposición de intereses entre los miembros del Gobierno pro-Agbar y los pro-Acciona y con la inesperada contribución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), pueden generar un perjuicio económico igual o superior a lo que se pretendía ganar. Esa situación es consecuencia del empecinamiento del Gobierno catalán en mantener la adjudicación de ATLL en manos de Acciona, a pesar de todos los pronunciamientos judiciales que obligan a dejarla sin efecto y devolverla a la titularidad pública. El Gobierno ha reconocido que tampoco se hubiera podido adjudicar a Agbar, por incurrir su propuesta en vicios similares a los de Acciona, entre ellos la incompatibilidad para gestionar el servicio sin incurrir en práctica monopolística.

El riesgo económico ha sido incomprensiblemente reconocido y consolidado por el propio Gobierno catalán cuando, como publicaba EL PAÍS hace unos días, ha accedido a dejar por escrito, avalado por el presidente Artur Mas, el compromiso de resarcir a Acciona en caso de resolución de la concesión de ATLL, no solo con el importe del primer canon satisfecho en los últimos días del pasado año, 298,6 millones de euros, sino también con la indemnización por los “beneficios futuros” y, además, la compensación por los gestos financieros acreditados por los bancos que participaron en la operación junto con Acciona.

Vamos a perder todos los ciudadanos porque las indemnizaciones irán a cargo de los presupuestos de la Generalitat

Todo ello se hubiera podido evitar si, prudentemente, se hubiera esperado cuatro días a hacer efectiva la adjudicación de ATLL a Acciona, sabiendo el Gobierno catalán que el OARCC, que entonces era un organismo unipersonal iba a dictar resolución excluyendo la oferta de Acciona. Y si no lo sabía, debería saberlo, puesto que fueron altos cargos del mismo Gobierno, alguno partícipe de la mesa de contratación, los que le facilitaron los argumentos para la exclusión al OARCC.

Lo más grave es que en este juego vamos a perder todos los ciudadanos de Cataluña, porque las probables indemnizaciones irán a cargo de los ya menguados presupuestos de la Generalitat. Sobre todo perderán los millones de familias de Barcelona y su región metropolitana, que han visto ya incrementado su recibo del agua en más del 50%, y con amenaza de nuevos incrementos.

¡Ah! Por cierto: Aguas Ter-Llobregat era viable económicamente y podía y debía permanecer en el sector público por tratarse de un bien común estratégico, para el bienestar de todos y para el futuro de Cataluña.

Salvador Milà. Diputado de ICV-EUIA