Oposiciones a medida

La oposición para optar a 25 plazas de bombero convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba entre 2008 y 2009 no fue una prueba más en la elección de futuros trabajadores municipales. Lo que allí ocurrió ha derivado en una investigación judicial para averiguar si hubo enchufismo en el proceso, especialmente en una de las pruebas teóricas. Pero las supuestas maniobras para tratar de favorecer a allegados a la plantilla a que accediesen a las nuevas plazas pudieron comenzar antes, incluso. Así se desprende de los informes de la Dirección General de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba, en los que puede rastrearse cómo una aspirante —familiar de un miembro de la plantilla— logró que el tribunal accediese a cambiar los requisitos de la prueba médica y el Índice de Masa Corporal (IMC) mínimo, permitiendo así que la opositora, que ya había sido excluida, siguiese adelante con la oposición. Finalmente, la mujer no logró aprobar.

Las pesquisas que dirige el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia, ya han supuesto la imputación de nueve personas, siete opositores y dos miembros de la Junta de Personal Municipal. Uno de ellos es el número tres de la ejecutiva provincial de CC OO, Manuel Torres. El juez investiga si este sindicato es o no un nexo en la red fraudulenta de exámenes.

Hasta ahora, la instrucción se ha centrado en un posible acuerdo para amañar una de las pruebas teóricas del examen, que permitía identificar a siete aspirantes a plaza. Cinco de ellos tendrían una estrecha vinculación con miembros de la plantilla de bomberos al ser hijos, sobrinos o ahijados de sargentos de este cuerpo y que, a su vez, estarían afiliados a CC OO.

En todo caso, antes de que aquella prueba se realizara ya existían sospechas de presiones para situar entre los aspirantes a personas vinculadas con bomberos en activo. El 17 de octubre de 2008, se declaró apta a la familiar de un bombero de plantilla, cuyo Índice de Masa Corporal (IMC) mínimo no cumplía los requisitos. La aspirante logró la rectificación del tribunal tras varios escritos de protesta y la presentación de distintos informes médicos que contradecían el veredicto del examen. El cambio de criterios se produjo después de que, el 16 de octubre, el jefe del departamento de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento publicase un documento en el que se señalaba que, como las medidas físicas (peso y talla) “se valoraron mediante tratamiento informático sin que se aplicaran factores de corrección alguna dirigidos a corregir posibles desviaciones del método (…) es adecuado y corrector (…) introducir una corrección relativa al instrumental y al medidor, de tal forma que la talla debiera contemplar la corrección de más menos dos milímetros y el peso de más menos 100 gramos”.

Con esta variación a posteriori de la norma decretada por el propio tribunal, quedó fuera de la lista de aptos un candidato que sí había pasado la prueba original, como recoge otro documento del 17 de octubre de 2008 firmado por el mismo jefe del departamento de Prevención y Salud Laboral. No obstante, dicho opositor —también familiar de un bombero en servicio— fue finalmente admitido y pudo proseguir con el exámen de acceso. Finalmente, el opositor aprobó todas las pruebas, pero por nota quedó fuera de la lista de plazas adjudicadas.