¿Dimitir de qué? Dimite tú

Antes de que Rafael Gómez Sandokán fuera condenado a seis meses de prisión y a una multa de 150.000 euros por un delito de cohecho en el caso Malaya, este empresario lideró una candidatura a las municipales en Córdoba con la que obtuvo 24.805 sufragios, convirtiéndose, con cinco concejales, en la segunda fuerza política con representación y en el primer partido de la oposición en el Ayuntamiento, por delante de Izquierda Unida y del PSOE. Fue la gran sorpresa de la cita electoral. Seis meses antes, su partido político, Unión Cordobesa, no existía. Y cuando lo creó, su propio fundador lo definió con dos palabras: “Una marabunta”.Cuando se presentó a las elecciones estaba ya imputado por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal que se había detectado en Marbella. Había sido detenido y sobre él pesaba la sospecha de un delito de cohecho. En la ciudad por la que se presentó como candidato a la alcaldía, había alcanzado el impresionante título de mayor deudor del Consistorio, que le impuso cerca de 40 millones de euros en multas por edificaciones ilegales. La principal, por construir naves sin licencias en las inmediaciones de Medina Azahara.

El día que Rafael Gómez conocía su condena por corrupción, se le cuestionó al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), sobre si creía que su compañero de corporación debía dimitir. Nieto recordó que Gómez había contado con casi 25.000 votos en las elecciones y que la condena se debía a sus actuaciones “como empresario antes de ser concejal”. Y señaló: “Todo el mundo conocía que estaba inmerso en una causa judicial, por lo que así es la democracia, con su cara y su cruz y hay que aceptarlo como viene”. El PSOE no fue mucho más lejos en su crítica y optó por plantear el asunto como un problema de conciencia, pero sin pedirle la dimisión.

Décadas teorizando sobre el hecho de por qué no dimite nadie en España y llegó Rafael Gómez para resolver este dilema en una frase de apenas cinco palabras: “¿Dimitir de qué? Dimite tú”. En esta respuesta está resumida toda una filosofía de vida —la suya— y uno de los grandes problemas de la política en España —el nuestro—, que no es otro que la tolerancia frente a la corrupción. Esa frase hubiera sido inimaginable si los ciudadanos no hubieran premiado su candidatura con hasta cinco ediles. Y posiblemente también sus palabras hubieran sido distintas sin la tibieza del alcalde de Córdoba o el tímido reproche del PSOE tras la condena. ¿Hasta dónde hemos llegado para ver como normal que un representante público se mantenga en el cargo tras ser condenado por un delito de cohecho cometido contra otra administración pública? ¿Y cómo explicar que un concejal que se sienta en el Consejo de Urbanismo de un Ayuntamiento para velar por la legalidad urbanística sea una persona reiteradamente sancionada por incumplir esa misma legalidad?

Podría escribir una historia muy similar sobre el alcalde de Alhaurín el Grande, que abandona un año el Consistorio después de que el Supremo haya ratificado su condena por cohecho. Tras su detención, ganó dos elecciones municipales con más votos que nunca de sus ciudadanos y los mismos aplausos de siempre de su partido, el PP. Se va y anuncia que vuelve. El día de su despedida —temporal— medio millar de vecinos le hicieron un homenaje. Allí estuvieron para apoyarle un nutrido grupo de dirigentes del PP, entre los que se incluía un vicepresidente de la Diputación, una diputada, varios alcaldes y un grupo de históricos dirigentes.

Empieza a resultar alarmante esta tendencia a considerar que las urnas tienen la capacidad de convalidar cualquier irregularidad cometida por un representante público. Y provoca sonrojo invocar el amplio respaldo conseguido en unas elecciones para seguir aferrado al cargo. Tanto sonrojo, como la complicidad de los partidos hacia sus corruptos.

@jmatencia