FCC, OHL y Sacyr rebajan a 1.134 los despidos en la limpieza viaria de Madrid

Las empresas concesionarias de la limpieza viaria y jardinería de Madrid formalizaron hoy jueves los expedientes de regulación de empleo anunciados, con los que pretenden despedir a 1.134 trabajadores en vez de los 1.400 que habían planteado en principio el viernes 4 de octubre, según confirman UGT y CC OO. Hoy mismo UGT y CGT han formalizado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 28 de octubre, que en principio no secunda CC OO, con cuatro representantes en la mesa de negociación del convenio por ocho de UGT y tres de CGT. Los sindicatos se han citado la semana próxima para tratar de resolver sus discrepancias, ya que CC OO reclama una asamblea general de todos los trabajadores para decidir las fechas del paro.

FCC-Alfonso Benítez, Valoriza (del grupo Sacyr) y OHL entregaron la documentación a los sindicatos y se constituyeron las mesas de negociación, que tienen 30 días para tratar de llegar a un acuerdo. Las empresas se han negado a dar datos concretos y se limitan a señalar que están abiertas a la negociación y que el número final de trabajadores afectados no es definitivo si bien de momento están incluidos "más de 1.100".

UGT sí ha facilitado los datos en función de los lotes en los que el Ayuntamiento de Madrid tiene dividido el servicio, que estas empresas comenzaron a prestar el 1 de agosto, si bien deben contener algún error por el escaso tiempo disponible para analizar la documentación, de modo que en el desglose suman una decena de afectados más de los 1.134 que habían sumado. 

Valoriza (Sacyr) pretende despedir a 205 personas (39 de ellos, técnicos) en los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, y a 166 (47 técnicos) en Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca (excepto Argüelles) y Latina. OHL plantea prescindir de 184 empleados (nueve técnicos) en el servicio de Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas. FCC quiere echar a 325 trabajadores (192 técnicos) en Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro; y a 264 en Carabanchel, Usera, Villaverde.

Ferrovial (a través de su filial Cespa) se adjudicó el contrato correspondiente a los distritos Centro, Tetuán, Chamberí y al barrio de Argüelles, pero ha decidido no realizar despidos colectivos.

Uno de los puntos que han levantado ampollas entre los sindicatos ha sido el anuncio del concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito (PP), de que no descontaría a las empresas una parte de la factura mensual durante la huelga por ser una circunstancia extraordinaria. Sanjuanbenito empezó por decir la semana pasada que el contrato de limpieza viaria “determina el abono de los pagos mensuales en función del cumplimiento de unos indicadores mínimos de calidad que corresponde alcanzar a todas y cada una de las empresas que tienen encomendado el servicio”. Deslizaba así una advertencia a las concesionarias: en caso de huelga, se les descontaría dinero por la suciedad  en las calles. Pero al día siguiente se desdijo: según los pliegos de contratación, estos indicadores de calidad no son tomados en cuenta en caso de huelga, informa Bruno G. Gallo. Así se lo ratificó ayer a representantes de CC OO con los que se reunió, según explicó Félix Carrión, portavoz del sindicato. UGT se indignó con este argumento y sostiene lo contrario: el Ayuntamiento puede y debe restar dinero a las empresas si hay huelga.

Consultado de nuevo el asunto con el Ayuntamiento, este admite ahora que en efecto, en caso de huelga los pliegos de condiciones establecen que se reducirá el pago mensual a las concesionarias  "en proporción a la disminución de las prestaciones". Y la rebaja se aplicará en función de "la diferencia del personal que  habitualmente trabaja respecto al que no ha trabajado de cada turno de trabajo", es decir, en función de cuántos trabajadores secunden la huelga.

El contrato no explicita que se trate de una proporción directa, es decir, no fija que si faltan la mitad de trabajadores, la empresa pierda la mitad del abono que le correspondería. Tampoco incluye límites: en el caso de los indicadores de calidad, sí los hay, de un 20%, de manera que si a la concesionaria le corresponde recibir 25 millones de euros por sus servicios cada mes, podría llegar a perder hasta cinco millones por incumplir los mínimos de eficacia.