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Baltar lleva como testigos a presuntos enchufados para negar el enchufismo

Su letrado carga en los técnicos de la Diputación la responsabilidad de los empleos a dedo

José Luis Baltar llegando al juzgado
José Luis Baltar llegando al juzgado EFE

El expresidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar se defenderá de la acusación de enchufismo —un delito de prevaricación que le imputa el juez instructor de la causa abierta contra él a instancias del PSdeG y del Ministerio Fiscal— presentando al juicio en el que comparecerá como acusado una larga lista de testigos denunciados igualmente como enchufados por la oposición en el organismo provincial. Los letrados que asisten a Baltar basarán su defensa en el testimonio de los 14 alcaldes de la provincia —-una gran parte de ellos con hijos o parientes directos colocados en la institución provincial— que en el entorno del congreso provincial del PP que ganó su hijo le “reclamaron”, según sostiene él y negaron buena parte de ellos en la fase de instrucción, 104 empleados que no tuvo reparo en contratar a dedo, sin convocar concurso público. Junto a los alcaldes, la defensa del cacique ourensano cita como testigos a los presidentes de tres mancomunidades dirigidas también por el PP y a los siete enchufados a los que el juez Leonardo Álvarez citó aleatoriamente a declarar en la fase de instrucción antes de concluir que Baltar colocó en la Diputación “a quien le vino en gana”.

 El escrito de defensa que los letrados de Baltar registraron el pasado día 10 en el juzgado niega la mayor. “Poco o nada de lo expuesto se corresponde con la realidad”, sostienen los abogados, quienes Baltar rechazan el “extenso relato de hechos que se expone en cada uno de los escritos de acusación” para sustentar la responsabilidad penal del extodopoderoso barón del PP gallego sobre el centenar largo de enchufados en la Diputación el entorno del congreso provincial del PP, celebrado a finales de enero de 2010, que puso a su primogénito al frente del partido en la provincia consolidando así la sucesión dinástica. Los enchufes pretendían asegurarse el apoyo a Baltar hijo de los delegados al congreso frente a un candidato rival.

La defensa de Baltar insiste en cargar sobre los técnicos de la institución provincial —también en su mayoría hijos de destacados cargos del PP— la responsabilidad que el juez instructor, el fiscal y la acusación particular le imputan a él. Según consta en el escrito de defensa, en aquel primer trimestre de 2010 el ahora retirado José Luis Baltar no tuvo más remedio que colocar en la Diputación a un centenar de personas afines. El expresidente “hubo de resolver las constantes y reiteradas demandas de personal procedentes de los distintos servicios del propio organismo, así como dar cobertura a las diferentes peticiones que, bien desde los ayuntamientos de la provincia, bien desde los entes autónomos del mencionado organismo, interesaban de forma urgente la contratación de personal laboral”.

Para cumplir con esa “urgencia”, el cacique firmó, sostienen sus abogados, los decretos “prerredactados por los servicios de la Diputación” y “tramitados por el departamento de Recursos Humanos” de la misma institución. Precisa la defensa de Baltar que el secretario de la institución, Francisco Cacharro Gosende, “avaló la adecuación de la decisión a la norma”.

Reconociendo que los contratos se hicieron a dedo, los letrados del expresidente ourensano cargan la responsabilidad sobre “los correspondientes servicios de la institución”. Sostiene la defensa de Baltar que este “no tenía la obligación de controlar o supervisar la adecuada tramitación al estar confiada esta labor a los propios servicios administrativos” de la Diputación que él presidía. De esta forma, trasladan la responsabilidad de la contratación de forma arbitraria y caprichosa que le imputa el juez instructor. “Amén de ignorar el trámite”, el exbarón del PP gallego “tampoco tenía la obligación de supervisar la adecuada tramitación”, sostiene su defensa.

En el escrito registrado por sus letrados, Baltar no solo se pone al margen de cualquier competencia en la institución que presidió con absoluto poder durante dos décadas largas, sino que niega además la existencia de la prevaricación que le imputan —la traslada a sus empleados- y, en consecuencia, su responsabilidad penal. La defensa insiste en pedir la libre absolución.

 

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