El Ayuntamiento contempla 11 hoteles más en Ciutat Vella

La apertura al grifo hotelero en Ciutat Vella, pactada por CiU y PP, utilizó entre sus documentos de trabajo un estudio titulado Estudio previo de oportunidades de mejora del Plan de Usos. El texto, que no es público, costó 21.234 euros y fue encargado por la Gerencia de Hàbitat Urbà. Lo realizaron la consultora BDO, Turisme Sant Ignasi (Esade y Ramon Llull) y el abogado Carles Majó. El trabajo evalúa 16 posibilidades de implantaciones turísticas (11 nuevas creaciones y cinco ampliaciones). PSC, Iniciativa y Unitat per Barcelona (UpB) consideran que se trata de un “traje a medida” para algunos inversores.

UpB pidió explicaciones por el texto en la Comisión de Hàbitat Urbà el pasado jueves. La regidora del distrito, Mercè Homs (CiU), aseguró que se trataba de un “texto teórico”. Lo cierto es que la oposición considera reprobable que el informe se centre en el tema hotelero y excluye otras problemáticas relacionadas, como los bares. Lo más particular es que incluye 16 fichas, una por cada proyecto, donde explica qué condiciones tendría que cumplir la iniciativa para poder salir adelante. El PP aseguró desconocer el documento y dice que no se tuvo en cuenta en la negociación.

Los proyectos son básicamente los que se quedaron en la cuneta cuando en 2010 el Gobierno municipal socialista activó el Plan de Usos. Sus licencias nunca se tramitaron y cinco de los afectados presentaron recursos contenciosos contra la normativa, que aún no han sido resueltos. Su argumento es que viola la normativa europea de servicios.

Antes del verano, a preguntas de EL PAÍS, el distrito se abstuvo de explicar qué pasaría con la modificación del Plan de Usos si los tribunales fallaran a favor (o en contra), por ejemplo, del Grup Gargallo, que quiere realizar dos ampliaciones en sus hoteles. Lo cierto es que, si la justicia les diera la razón, habría que pagar grandes indemnizaciones, que nadie cuantifica. El estudio buscaría entonces hacer un cálculo del posible efecto negativo a las arcas municipales.

La modificación presentada por el Gobierno convergente tiene una fundamentación jurídica mucho más “extensa y completa”, según una portavoz. Si el tribunal tumbara la norma de 2010, el distrito ya estaría amparado por la modificación de 2013.

El estudio, que habla solo de hoteles de cuatro y cinco estrellas, asegura que “un nivel de beneficio operativo alrededor del 35% es interesante para inversores y los operadores hoteleros”. También habla del fracaso en el rescate de licencias y el trabajo sugiere “profundizar en la gestión para facilitar su rescate”. El Ayuntamiento ha cedido esa función al Gremio de Hoteles.