La Audiencia de Málaga ordena buscar testigos protegidos de abusos en el CIE

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, encargada de juzgar los presuntos abusos sexuales a ciudadanas extranjeras en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de esta ciudad, ordenó este martes, durante el primer día de la vista oral, que se agote la investigación y localice a más testigos protegidos que puedan prestar declaración en el juicio. La próxima sesión está fijada para el 30 de octubre, plazo dado por la Sala para culminar las pesquisas. Su presidente, el magistrado Andrés Rodero, pidió que se curse la petición a la Interpol o a los “organismos pertinentes” que puedan cumplir la orden.

Cinco policías se sientan en el banquillo por estos hechos. El juicio se inició con la fase de cuestiones previas y continuará dentro de tres semanas (a lo largo de varias sesiones en noviembre) con la declaración de los procesados. La petición de averiguar el paradero de algunos testigos protegidos, entre los que habría alguna supuesta víctima, fue cursada al tribunal por una de las acusaciones y por una defensa. El objetivo es poder citar a una decena de personas más de las que hay previsto ahora mismo.

Los agentes acusados se enfrentan a una petición fiscal de 27 años de cárcel (según el caso, oscilan entre los dos y los 10 años de prisión) por delitos de abusos sexuales en distinto grado. Según el relato inicial del ministerio público, los policías aprovechaban el turno de madrugada para celebrar fiestas con mujeres extranjeras que estaban internas en el CIE (el centro fue cerrado el año pasado por las malísimas condiciones en las que estaban las instalaciones) a la espera de ser expulsadas del país. Se habrían organizado “cenas” en las que se permitía a las inmigrantes salir de las habitaciones, escuchar música, consumir bebidas alcohólicas o usar el móvil. El objetivo era crear un “ambiente relajado” para, si llegaba el caso, “satisfacer su ánimo libidinoso” con estas mujeres.

Dos de los acusados, para los que se reclama una pena mayor, supuestamente mantuvieron relaciones sexuales completas con las internas, según el fiscal. Las mujeres declararon que accedieron “por su condición de autoridad”. Los otros tres policías se exponen a penas que van de dos a cuatros años de cárcel por insinuarse sexualmente a las internas con “caricias” o proposiciones directas que ellas rechazaban.

Además de los cinco agentes que serán juzgados por estos hechos, otros cuatro policías fueron implicados inicialmente en el caso por omisión del deber de perseguir delitos.