Envite a la tierra baldía

Han pasado tres décadas desde que Andalucía se atreviera a acometer una reforma agraria, tan polémica como provocadora, cuya línea de flotación atacaba de lleno a la propiedad de la tierra. Hoy el campo andaluz poco o nada tiene que ver con la agricultura improductiva de los años de la Transición, aunque es cierto que se mantienen anacronismos similares en cuanto a la tenencia de la superficie agrícola. Sea como fuere, el Gobierno andaluz está a punto de iniciar un camino que, salvando las distancias, hereda parte del espíritu de la reforma agraria de los años ochenta.

En pleno proceso negociador de los Presupuestos andaluces para 2014, Izquierda Unida está presionando a su socio en el Gobierno andaluz (PSOE) para que apruebe un decreto-ley que alumbre al llamado banco de tierras, un instrumento que recupera las expropiaciones de fincas privadas que lleven al menos dos años abandonadas así como la creación de un fondo andaluz para luchar contra los latifundios. Son, sin duda, los dos puntos más controvertidos del borrador elaborado por IU con el apoyo de otros colectivos sociales, aspectos que marcan la línea divisoria con su socio en el gobierno de coalición. El PSOE habla de un observatorio de la tierra, en el que se pueda explotar las fincas del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), tras fracasar la venta de este patrimonio en la anterior legislatura.

“La reforma agraria no llegó a culminarse, y en las circunstancias actuales la agricultura andaluza está abocada al retroceso”, asegura la parlamentaria de IU Lola Quintana, una de las que ha participado en el borrador del banco de tierras. Quintana sostiene que la concentración de la propiedad agraria “es mayor que en los años treinta”, como lo demuestra que en torno al 80% de las ayudas comunitarias que llegan al campo andaluz se las repartan el 20% de los propietarios.

De acuerdo con el documento elaborado por IU, las expropiaciones de fincas podrán ser solicitadas por los municipios y deberá acreditarse que su abandono esté causando daños ecológicos al medio ambiente o a explotaciones limítrofes. También se podrá avalar el interés social de la comarca afectada, aunque la declaración de emergencia social se acordará mediante decreto del Consejo de Gobierno. Además, la Junta ejercerá el derecho de tanteo y de retracto en aquellas fincas rústicas mayores de 250 hectáreas en secano y de 30 hectáreas en regadío que sean objeto de subasta judicial.

“Aspiramos a la soberanía alimentaria a través de la función social de la propiedad agraria”, indica Lola Quintana. El banco público de tierras también incorporaría las fincas de la Junta del antiguo IARA, unas 10.000 hectáreas según IU (de las 22.000 hectáreas que forman el patrimonio agrario andaluz) que estarían en disposición de explotarse. La Consejería de Agricultura rebaja esa cifra a 4.800 hectáreas, un desfase que se justifica en los aprovechamientos forestales, y no agrícolas, en el resto del patrimonio agrario andaluz. En esos casos se garantizaría la titularidad pública de la tierra y su concesión a cooperativas o agricultores por un periodo no inferior a los 25 años.

Son fincas públicas como las de Majarambú, en Castellar de la Frontera (Cádiz), cuyo Ayuntamiento aguarda que la Junta haga efectivo su compromiso de cesión al municipio, la sevillana de Las Turquillas, la cordobesa de Somontes, la jiennense de El Chantre o la malagueña de Peñarrubia, todas ellas objeto de ocupaciones simbólicas por parte del movimiento sindical y jornalero en los últimos años. En todo caso, desde las organizaciones agrarias se relativiza la trascendencia de esta norma. “Es una oportunidad, pero no es la panacea, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos hablando de 10.000 hectáreas sobre cuatro millones y medio de hectáreas de superficie agraria útil que hay en Andalucía”, sostiene Eduardo López, de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).

La función social de la tierra es lo que une a organizaciones como Ecologistas en Acción, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la COAG, que están participando en el diseño del banco público de tierras. “Podrían integrarse tanto las fincas públicas de la Junta como las que cedieran los propietarios privados, que mantendrían la titularidad”, indica Eduardo López, que insiste, eso sí, en la necesidad de contar con “garantías jurídicas” antes de acometer las expropiaciones. La COAG, que aboga por primar en las concesiones a las explotaciones familiares antes que a las cooperativas, cree que la reforma agraria tradicional no cabe en la actualidad. “Lo importante no es quien tiene la propiedad de la tierra, sino su función social y que haya una regularización de los mercados para que sea rentable la producción de alimentos”, reflexiona López.

Izquierda Unida apremia a la Junta a acelerar este proyecto que, aunque no figuraba en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, sí que lo quieren enmarcar dentro de la Ley Integral de Agricultura a la que se comprometieron con su socio de gobierno. “Queremos que en los Presupuestos andaluces de 2014 ya haya una consignación para este banco de tierras”, indica Lola Quintana. El documento elaborado por la coalición plantea que se aporte anualmente el 0,40% para nutrir el fondo andaluz antilatifundista.

El borrador de IU contempla la prohibición de los transgénicos

Otra vía de ingresos llegará a través de los concesionarios, que estarán obligados a aportar un 5% del beneficio total obtenido en la explotación para el fondo contra los latifundios, y un 1% de los ingresos totales obtenidos en la explotación estará destinado a la solidaridad internacional y al apoyo de otros proyectos cooperativos locales. También se prevén sanciones de hasta 6.000 euros por incumplir la función social de la concesión, la no presentación de las cuentas anuales a la Cámara de Cuentas para su fiscalización o el cultivo de especies ajenas al proyecto aprobado.

El borrador del banco de tierras contempla, de igual modo, el fomento de la agricultura y ganadería ecológica, la prohibición de los transgénicos en las tierras disponibles y la creación de un instrumento de financiación propio denominado Entidad de Crédito Agrícola, vinculada a la futura Banca Pública Andaluza.

Con todo, las negociaciones entre PSOE e IU no se auguran nada fáciles, sobre todo después de que la nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, hablase de que la hoja de ruta de su departamento la marca el observatorio de la tierra al que hizo alusión la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura. “El observatorio solo sirve como inventario del patrimonio agrario, pero tenemos que ir mucho más allá”, advierte la diputada de IU Lola Quintana. Elena Víboras muestra su voluntad de “mano tendida” hacia sus socios de Gobierno y elude entrar a valorar los aspectos más polémicos del borrador elaborado por IU. “Estamos dispuestos a tender puentes con IU, porque somos dos fuerzas progresistas, pero de momento no podemos valorar su propuesta porque aún no la conocemos formalmente”, dice la consejera. No obstante, su antecesor en el cargo, Luis Planas, ya advirtió que el nuevo escenario no supone una vuelta a la reforma agraria del siglo pasado. “Queremos impulsar un modelo de agricultura moderna y competitiva”, dijo Planas en su día, dejando entrever los recelos que el banco de tierras promovido por IU suscita en las filas socialistas.