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La suciedad de las calles sale barata

El Ayuntamiento pone penalizaciones mínimas a las empresas por incumplir niveles de calidad Solo 300 técnicos vigilan

Una trabajadora de la limpieza municipal en la Ribera de Curtidores en 2009. Ampliar foto
Una trabajadora de la limpieza municipal en la Ribera de Curtidores en 2009.

Mantener la calle limpia, las farolas y semáforos encendidos, las paredes sin pintadas y la basura recogida es, por ley, obligación del Ayuntamiento de Madrid, que lo que hace en realidad es pagar cantidades millonarias a empresas privadas para que lo hagan por él. Hasta ahora, tenía casi un centenar de contratos diferentes, que antes de 2015 espera haber unificado en solo seis de carácter integral, licitados por periodos de hasta 10 años y cantidades multimillonarias. Antes, vigilaba que las empresas cumplieran su cometido obligándolas a dedicar un mínimo de recursos humanos y materiales; en los nuevos contratos, en parte para compensar las sustanciales rebajas en el precio pagado, no se exigen esos mínimos (lo que, según sindicatos y oposición, ha provocado ya cientos de despidos), sino que se obliga a cumplir unos criterios de calidad: ya no importa cuántos empleados hay cortando el césped o vaciando papeleras, sino que el césped esté bien cortado y las papeleras vacías. En caso de incumplimiento, se castiga a la empresa pagándola hasta un 10% menos.

Este sistema se probó de abril de 2012 a agosto de 2013 con un contrato piloto de limpieza urbana y mantenimiento de parques en los distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca (530 hectáreas y 425.000 habitantes, la población sumada de Valladolid y Cádiz). Por 16 meses de servicio, el Ayuntamiento pagó a Urbaser (Grupo ACS) 35,2 millones de euros. Los indicadores de calidad en limpieza urbana eran el número de pintadas, cuántas se limpiaban en menos de tres días y cómo de bien; la superficie de baldeo de aceras y su índice de limpieza, junto con el de alcorques y papeleras; la presencia de pegatinas o carteles y cuántos residuos o enseres había en la vía y cuánto tardaban en limpiarse. Los indicadores en los parques eran el índice de limpieza de las zonas infantiles, la conservación de terrizos y arbustos, y el porcentaje de árboles sin ramas secas y de marras en las nuevas plantaciones.

Por incumplir los niveles mínimos fijados por el Ayuntamiento, se podía detraer a la empresa hasta el 6% del contrato. Sin embargo, solo se penalizó con 223.000 euros, un 0,6% del contrato, por 25 incidencias (en su mayoría, suciedad de las aceras y no recogida de residuos en menos de seis horas). En agosto de 2012, un verano en el que la ciudadanía se rebeló en las redes sociales por la suciedad de la ciudad, no se contempló incumplimiento alguno. Tampoco en abril y junio de 2013. La tarea de vigilar a las empresas de limpieza y recogida de residuos en toda la ciudad, con los nuevos contratos integrales, recae en 300 técnicos municipales, es decir, uno cada 11.000 habitantes o 20.000 metros cuadrados.

Raquel López, portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida, considera que “este contrato piloto evidencia lo que van a ser los contratos integrales en la ciudad: una subasta de los servicios públicos”. “Es obvio que las calles están sucias como es obvio que esa rebaja mínima del dinero que se le da a las empresas sobre millonarios contratos viene a demostrar que el control que se hace del cumplimiento de los contratos es escaso por parte del Ayuntamiento. No es posible dar un buen servicio cuando se rebajan, por ejemplo, más de un 25% las cuantías de los contratos, porque eso supone, entre otras cosas, que lo pagan los trabajadores que son despedidos y los vecinos que tienen a menos operarios prestando labores de limpieza para la ciudad”.

Con la entrada en vigor del nuevo contrato integral de limpieza de Madrid, el pasado 1 de agosto, los tres distritos incluidos en el programa piloto se han integrado en el lote 2, adjudicado a Valoriza (Grupo Sacyr) con una rebaja del 16,7% sobre el precio de salida fijado por el Ayuntamiento para la licitación. Esa rebaja se suma a otra del 10% sobre el valor de los anteriores contratos ahora agrupados, según denuncia IU. Urbaser presentó una oferta que no resultó competitiva.