La juez rechaza grabar las declaraciones para evitar “alegatos políticos”

La juez Mercedes Alaya ha emitido un nuevo auto en el que rechaza que se puedan grabar las declaraciones judiciales con medios audiovisuales. La instructora del caso de los ERE basa su decisión en la necesidad de evitar “actuaciones teatrales o alegatos políticos que pudieran pretenderse”.

En el auto la juez desestima la petición realizada por el abogado José María Mohedano, que defiende en esta causa a los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, este último también exviceconsejero de Presidencia. Alaya recuerda que esta misma petición ya fue planteada, e igualmente rechazada, en uno de los sumarios de Mercasevilla y pone de manifiesto no obstante que en su juzgado “se han efectuado en fase de instrucción algunas grabaciones audiovisuales cuando se ha estimado necesario”.

La juez ofrece tres argumentos para rechazar la petición, uno de los cuales se refiere a “la importante repercusión mediática que tiene la causa”. “Es conocido que en el curso de las declaraciones algunos letrados aprovechan sus ausencias de la sala para trasladar a la prensa, de acuerdo con sus respectivos intereses procesales y políticos, el contenido de una declaración inacabada y no firmada”, advierte la magistrada. La juez asegura que esta trascendencia mediática y “esta indeseable” retransmisión en directo de las declaraciones “daría lugar indudablemente a que las grabaciones audiovisuales de las mismas aparecieran en los medios de comunicación, en cualquier espacio de Internet, como si se tratara de cualquier vídeo de sobremesa, contribuyendo a una morbosidad innecesaria y a convertir un procedimiento judicial de extraordinaria importancia en una absoluta comparsa”.

La instructora alega asimismo “el respeto” a la función jurisdiccional y sobre todo “a la dignidad de las personas” que como testigos e inculpados han de comparecer en la causa. Alaya también hace referencia al hecho de que las declaraciones sean “muy extensas” y a que la grabación “no evitaría levantar el acta de las mismas, pues por razones prácticas y de estudio de la causa resultaría inoperativo tener que escuchar y visionar” los testimonios.