Un gobierno roto por el urbanismo

La gestión del urbanismo de los años del boom ha pasado factura al equipo de gobierno de Moncofa desde el primer día. Después de tres alcaldías consecutivas, la candidatura que encabezaba José Vicente Isaach (PSPV) empató con el Partido Popular en las municipales de 2011. El edil de Compromís, Josep Canós, exigió para un pacto de gobierno que el exalcalde, entonces acuciado por querellas y una denuncia de Fiscalía por presunta prevaricación, abandonase el cargo. La lista corrió hasta el cuarto puesto, que ocupaba el actual regidor Jaime Picher. El acuerdo de gobierno se rompió este verano después de que una auditoria urbanística reclamada por PP y Compromís, revelara varias irregularidades en la tramitación de los proyectos urbanísticos.

La auditoría realizada por una empresa externa ha apuntado hasta tres irregularidades en el Belcaire Sur, la venta de terrenos municipales y la reparcelación del sector C (en la costa de Moncofa). Sobre el Belcaire Sur, el documento concluye que el Ayuntamiento aprobó definitivamente el PAI en un pleno de febrero de 2005 en el que se apuntaba la existencia de un informe de los servicios técnicos municipales que aseguraba que el Consistorio había cumplido con la reserva suplementaria de zonas verdes exigida por el Consell. La empresa explica en la auditoría que este informe por el que se dio vía libre al plan “no se ha localizado”. El TSJ paralizó las obras dos años después.

El documento recoge también que el departamento de Urbanismo no ha facilitado ningún expediente que valore si la enajenación de terrenos municipales se hizo correctamente y con precios conforme al mercado. “Sí hay datos de venta de parcelas, pero la falta de documentos impide saber si se hizo conforme al mercado”, se lee en la auditoría. Varias personas se querellaron contra el exalcalde al estimar que se vendieron parcelas a un precio inferior.

Por último, el informe aborda la reparcelación del sector C de Moncofa aprobado en 2004 cuyo proyecto pasó de una promotora a otra. El cambio supuso pasar de dos a 4,1 millones de cargas de urbanización y perdonar al urbanizador el coste de un nuevo paseo marítimo. “No hay ningún motivo para eximir al urbanizador del cumplimiento de este compromiso”, recoge el texto. El TSJ declaró nulo el proyecto.

Tanto PP como Compromís están estudiando la posibilidad de llevar ante la Fiscalía de Castellón los hechos revelados por la empresa externa, sobre todo la supuesta inexistencia del informe por el que se aprobó definitivamente el Belcaire Sur. El concejal nacionalista, Josep Canós, ha dicho que reclamará oficialmente el documento. “Si no tengo respuesta, iré al fiscal”, asegura.

Canós decidió romper este verano el pacto de gobierno a raíz de las conclusiones de la auditoria. La pasada semana se celebró el primer pleno con el gobierno del PSPV en minoría. Este hecho provocó la aprobación por la oposición de una bajada del IBI para 2014 que impedirá recaudar medio millón de euros.