IU sabrá hoy si pierde dos de sus cuatro sedes regionales por su deuda con Hacienda
La Agencia Tributaria, que exigía a la formación el depósito de 300.000 euros para levantar el embargo a todos los establecimientos, endurece las condiciones
Izquierda Unida sabrá hoy si se queda sin dos de sus cuatro sedes en la región o Hacienda levanta el embargo sobre sus locales en Arganda del Rey y Velilla de San Antonio. La Agencia Tributaria exigía 300.000 euros para parar las subastas de los establecimientos, embargados desde 2007 por la deuda de 2,2 millones —casi un millón están pendientes con la Seguridad Social y el resto con Hacienda— que el partido acumuló entre 2000 y 2009 al no pagar las retenciones del impuesto de la renta (IRPF) de sus empleados. Desde entonces está al día.
La formación, con un presupuesto anual de 1,2 millones, depositó el pasado viernes la cantidad que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro reclamaba desde principios de año para anular los embargos. Para sorpresa del partido, Hacienda le comunicó que había cambiado de criterio y endurecido las condiciones. Que los 300.000 euros solo le valían para salvar la sede de Getafe, valorada en 266.000 euros, y la de Alcorcón (105.000). Quedando de esta forma fuera del acuerdo entre las dos partes el local de Arganda del Rey, que en las dos subastas que se han realizado este año (en marzo y mayo) se subastó con un precio de salida de 130.000 euros, y el de Velilla de San Antonio (67.000).
“Hacienda nos ha asegurado que su intención es no adjudicarlos salvo una oferta importante... Esperamos que sea así, porque hemos realizado un esfuerzo muy grande para reunir el dinero que nos exigían”, observa Gerardo del Val, secretario de Finanzas de IU. “Queremos pagar nuestras deudas, y para eso hemos llegado a un acuerdo con la Seguridad Social [el aplazamiento de la deuda a ocho años] y habíamos llegado a otro con la Agencia Tributaria, pero la administración ha cambiado las reglas del juego... Si no nos liberan los locales, ¿cómo nos vamos a refinanciar?”, plantea el responsable de la tesorería del partido.
El pasado marzo salieron por primera vez a subasta los cuatro locales en las oficinas de la Agencia Tributaria en Guzmán el Bueno. Todas las pujas quedaron desiertas. Nadie, ni particulares ni empresas, se presentó a la subasta del patrimonio inmobiliario de IU. La formación consiguió entonces un plazo de dos meses, hasta mediados de mayo, para reunir los 300.000 euros que le solicitaba Hacienda. Al no hacerlo, los establecimientos salieron de nuevo a subasta a finales de mayo, de nuevo sin acaparar la atención de potenciales inversores. La puja se suspendió hasta este mes de septiembre, en el que en teoría no se iba a celebrar tras la presentación de IU del dinero requerido. La incertidumbre se despejará hoy.
Para alcanzar los 300.000 euros que reclamaba la Agencia Tributaria, IU emitió incluso unos bonos extraordinarios de entre 100 y 1.000 euros. ¿Sus destinatarios? Los cargos públicos y los cuadros orgánicos, que contribuirían “de forma optativa”. Los militantes quedaban fuera de la iniciativa. La Agencia Tributaria solicitó el pasado febrero el embargo del presupuesto que el grupo parlamentario de IU recibe de la Asamblea de Madrid. La cantidad que la formación tiene asignada esta legislatura es de 721.000 euros anuales, por los 1,7 millones del PP, 1,1 millones del PSM y 632.000 de UPyD. El Parlamento regional declinó hacerlo.
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