Desarticulada una trama de obras irregulares en Benalmádena

La Guardia Civil ha desarticulado una trama presuntamente dedicada a la tramitación irregular de licencias municipales para construir edificios en el casco urbano de Benalmádena (Málaga) y a la adjudicación ilícita de obras con cargo al plan FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) de 2009 en este municipio. La llamada operación 'Mina' se ha desarrollado en dos fases. En la primera se imputó a 10 personas, entre ellas, funcionarios y técnicos del Ayuntamiento y de la Junta, y en la segunda se detuvo a un arquitecto municipal y a un ingeniero externo, además de imputar a un exconcejal de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación por omisión.

Las pesquisas se iniciaron a finales de 2009, cuando agentes del Seprona detectaron en una inspección ocular en la zona de Arroyo de la Miel la existencia de una edificación en una zona verde no desafectada. Según informó ayer la Guardia Civil, la promotora no cumplía los requisitos necesarios para esta construcción y, además, había iniciado los trámites para legalizarla y ponerla a la venta como apartahotel, algo que le depararía beneficios fiscales. Los investigadores se toparon con un segundo edificio que supuestamente no respetaba la altura máxima permitida por el PGOU de Benalmádena. Estos dos casos y supuestas irregularidades en la adjudicación de obras del plan FEIL de ese año pusieron en marcha la operación.

Los agentes del Seprona y de la Unidad de Policía Judicial comprobaron que en los expedientes de las construcciones supuestamente irregulares existían informes "claramente contradictorios", lo que llevó a concluir la implicación de técnicos del Ayuntamiento y de la Junta. Habrían omitido su actuación en lo que se refiere a ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables de la Delegación de Medio Ambiente.

Sobre los presupuestos del FEIL, cuyos trabajos se realizaban "con el visto bueno" del exconcejal, se detectó que no existía un procedimiento administrativo "transparente", ya que el 80% de las adjudicaciones se hicieron a un gabinete de ingeniería sin concurso previo. También se habrían fraccionado algunos contratos para "trampear" la ley, además de pagos extraordinarios y duplicado de ciertas facturas.

Estos indicios confirmaron "la connivencia" del arquitecto municipal y del ingeniero independiente, a los que la Guardia Civil imputa por "lucrarse" con fondos públicos. En el registro del domicilio del técnico del Ayuntamiento, los agentes localizaron documentación que, en teoría, no deberían estar fuera del Consistorio (por ejemplo, de adjudicaciones de obras) y un objeto que llamó su atención: una agenda del año 2006, sin datos, con un hueco "con la medida justa" para supuestamente ocultar fajos de billetes.

En la operación 'Mina' se han inmovilizado una treintena de propiedades y nueve vehículos y se han bloqueado varias cuentas y productos bancarios de los dos principales implicados.