El TSJ de Valencia aprecia delito en Nóos pero no contra Camps y Barberá

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) devolvió este martes la pelota al tejado del juez instructor del caso Urdangarin, José Castro. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal ve claros indicios delictivos en cómo se gestaron los contratos entre la Generalitat, una fundación satélite del Ayuntamiento de Valencia y el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para la organización de unos eventos que costaron más de tres millones de euros a las arcas públicas locales.

Pero los magistrados entienden que estos indicios no son lo suficientemente sólidos para imputar penalmente al expresidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá por su participación en su preparación. La sala dijo que no era competente y devuelve el caso a Palma para que el juez Castro profundice en la investigación.

A lo largo de la instrucción de la pieza valenciana del caso Urdangarin, Castro apreció en la mediación de Camps y Barberá en estos convenios indicios de posibles delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración. Según la exposición razonada que el magistrado de Palma envió al Tribunal Superior pidiendo la imputación de los dos políticos aforados —ambos son diputados autonómicos—, Camps y Barberá pactaron con el yerno del Rey, según declaró este último, la celebración de varias ediciones de los Valencia Summit, congresos dedicados a eventos deportivos, en Valencia durante 2004, 2005 y 2006.

Según esta tesis, los contratos se cerraron al más alto nivel político y luego se formalizaron sin concurso público, ni publicidad ni informes económicos o de mercado que avalasen su utilidad pública. Incluso parece, a tenor de los testimonios, que alguno de los informes jurídicos que los justificaron se hicieron a posteriori.

Y no solo los Valencia Summit. Con otra empresa de la Generalitat, Urdangarin firmó la recepción de tres millones de euros en ayudas para confeccionar la candidatura de Valencia a albergar unos Juegos Europeos. Al final se gastaron 380.000 euros en una candidatura que no prosperó.

El tribunal asegura que no consta la participación directa y voluntaria de Camps y Barberá en los hechos relatados. Pudieron abrir alguna puerta pero no existe una prueba sólida de que en esa reunión se cerraran los convenios y se fijasen las condiciones económicas. “No encontramos indicios suficientes para afirmar en este momento”, recoge el auto, “que los aforados [Camps y Barberá] han incurrido de forma personal, directa y voluntaria” en una conducta irregular.

Según la sala, no es raro un encuentro de Camps y Barberá con Urdangarin, pues los dos políticos eran los máximos representantes políticos y el duque de Palma “gozaba de gran predicamento social por su relación con la Familia Real y el mundo del deporte”. El tribunal agrega que la participación de otras instituciones y autoridades (Secretaría de Eventos y Proyectos de la Generalitat, la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) o la fundación Turismo Valencia Convention Bureau) hace que se diluya la participación de los dos aforados.

Sobre los Juegos Europeos, el auto judicial señala el tiempo récord —apenas unos días— en que se tramitó el convenio en 2005, aunque cuestiona que se pueda afirmar una participación dolosa del expresidente Camps, dado que existieron reuniones previas. “No ha lugar a admitir la competencia de esta sala para instruir y enjuiciar (...), al no resultar, por ahora, imputación inequívoca y relevante contra las personas aforadas, por lo que las actuaciones de investigación deben continuar ante el juzgado de Palma”, concluye el auto.