La oposición decide estrechar el cerco a la gestión de las basuras de Bildu
Una comisión especial analizará la “deriva financiera” del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa
El llamamiento que hizo este pasado lunes el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Iñaki Errazkin, de Bildu, al resto de partidos políticos para lograr acuerdos sobre la polémica gestión de las basuras ha caído en saco roto. La oposición en bloque, PNV, PSE-EE y PP, le ha respondido dándole la espalda y, además, decide contraatacar. Estas tres formaciones han solicitado la creación de una “comisión de estudio” en las Juntas Generales para analizar “la deriva financiera, la vulnerabilidad jurídica y la ausencia de soluciones técnicas creíbles” del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, en sus siglas en euskera).
Dos días después de la comparecencia de Errazkin en la Cámara provincial, donde tuvo que admitir que su plan de residuos está por ponerse en marcha y se ratificó en la paralización de la incineradora de Zubieta, los partidos de la oposición han reaccionado forzando una investigación a fondo sobre “la evolución financiera y las soluciones técnicas de GHK”.
Los portavoces del PNV, Markel Olano; del PSE-EE, Rafaela Romero, y del PP, Juan Carlos Cano, firman la petición de que se forme la citada comisión de estudio, recogida en el artículo 54 del Reglamento de las Juntas. Justifican este paso en la “política unilateral de escapismo” que está adoptando la Diputación de Gipuzkoa —ostenta un tercio de la representación en los órganos de gobierno del Consorcio de Residuos— ante “los numerosos conflictos que le van saliendo al paso al consorcio con entidades financieras y empresas adjudicatarias”.
La oposición reprocha al Gobierno foral de Bildu que está haciendo caso omiso a las “reiteradas peticiones” aprobadas por el Parlamento provincial para que “respete los acuerdos o normas vigentes o se avenga a someter a la Cámara un nuevo planteamiento”. “Pero no ha hecho ni una cosa ni la otra”, aseguran en el escrito fechado el pasado miércoles.
PNV, PSE-EE y PP exponen que en el seno de GHK, controlado por la coalición abertzale, “se está larvando una situación de vulnerabilidad jurídica y financiera” que podría desembocar en “pérdidas económicas inasumibles para las arcas públicas” de Gipuzkoa. Y citan que las empresas adjudicatarias de la construcción del centro de residuos de Zubieta podrían presentar una demanda por “incumplimiento de contrato” y pedir indemnizaciones superiores a los 25 millones de euros. Además, los bancos “han denunciado en los tribunales el impago de las cuotas mensuales” de los préstamos contratados, “lo que podría derivar en obligaciones superiores a los 40 millones”.
PNV, PSE y PP alertan de que GHK podría acarrear daños “inasumibles”
Estos partidos recuerdan, asimismo, que las cuentas de GHK “no han superado el examen de los auditores durante dos ejercicios consecutivos” y que la Fiscalía del País Vasco ha abierto diligencias informativas sobre “todos estos desmanes”. Inciden en que la decisión de suspender las obras de la incineradora, adoptada a mediados de julio pasado, “deja a la intemperie la posición jurídica” del consorcio. “Mientras tanto, nada se sabe sobre las propuestas alternativas del consorcio”, aseguran los portavoces. Bildu presentó en junio de 2012 su plan de residuos, pero no lo tramitó al no contar con apoyos y pretende llevarlo a la práctica a través de GHK, donde sí tiene mayoría.
Ante este “lamentable estado de las cosas”, y con el objetivo de “evitar que sobrevengan consecuencias irreversibles” en la gestión de los residuos y en la situación financiera de GHK, los partidos de la oposición van a forzar la formación de una comisión de estudio, formada por los cinco grupos con representación en las Juntas y a la que se invitará “con derecho a voz” a los diputados de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y de Hacienda, Helena Franco. Cuando se cree este grupo de trabajo, cuyas sesiones serán públicas, los partidos podrán proponer a los comparecientes en la misma. La comisión deberá aprobar un informe de conclusiones que se elevará al pleno de la Cámara.
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