El presidente del TSJA urge a Alaya a cerrar la instrucción y elevar el caso

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, pidió este martes a la juez Alaya que traslade “cuanto antes” el proceso que instruye sobre los ERE a su “juez natural, predeterminado por la ley”, en alusión al Tribunal Supremo y al propio TSJA. “Yo creo que la propia juez es consciente de que en un tiempo ya cercano tiene que ir delimitando esta instrucción, cerrándola, para que se pueda ir llevando [la causa] a los tribunales de instrucción que correspondan, dado que el proceso ha entrado en unos tiempos delicados”, afirmó Del Río en referencia al último auto de Alaya, en el que señala a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, y a la apertura de una sexta pieza derivada de los ERE. Precisamente Chaves se refirió a la última actuación judicial en la que se ve implicado para afirmar que la juez instructora “roza la prevaricación”.

Del Río destacó que se trata de una instrucción “muy compleja”, con “gran cantidad de documentos, folios y [pruebas] periciales”, por lo que “no es lo mismo hablar de dilaciones en un proceso simple que en uno muy complejo como este”.

Lorenzo del Río también habló de la exposición mediática del caso de los ERE. “No es bueno que estemos en los telediarios y la prensa hablando de lo mismo”, afirmó por la mañana en declaraciones a Radio Nacional recogidas por Efe. Por la tarde, en su discurso de apertura del curso judicial en la sede del TSJA, también se refirió con preocupación al “descrédito de la justicia” en la sociedad, afectada por “la trascendencia mediática de ciertas resoluciones extrañas, llamativas o simplemente mal entendidas”, y repartió culpas entre los políticos, la prensa y los propios jueces. A estos últimos, sus colegas de profesión, les pidió “eludir en lo posible la tentación del protagonismo público”. A los políticos les solicitó un “respeto escrupuloso” de la independencia judicial, “huyendo de críticas que no obedezcan a razones meramente jurídicas”. Y a los medios de comunicación, que “no traten la información judicial como mercancía” para “competir en audiencias”, ni “banalicen con sensacionalismos o juicios paralelos” los casos, o que “no alimenten la percepción, cada vez que se dicte una resolución de la que legítimamente discrepan, de que los jueces resuelven al dictado de intereses o ideologías”.

Sobre el caso ERE también volvió a pronunciarse el expresidente de la Junta Manuel Chaves para insistir en que el auto que le señala es “innecesario” porque “ni contiene imputación ni una apertura de implicación ni tampoco indicios de delito” porque, según argumentó, de ser así, la juez tendría que enviar la causa al Tribunal Supremo, en virtud de la condición de aforado de los aludidos por la instructora. A este respecto, añadió el auto “roza la prevaricación” y calificó “de alucine” que alguien pueda pensar que “desde el presidente hasta el último consejero se metieron en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir”.

Chaves explicó que lo que ha generado el caso “fue un fondo para parados y empresas en dificultades que se usó en su mayoría de una manera correcta y legal, mientras que existió otra parte de la que abusaron quienes gestionaban en el ámbito de la dirección general”.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aconsejó a Chaves que, dada su “complicada situación judicial”, debería mantener la prudencia a la hora de opinar.