La justicia acorrala al PP

Los jueces acorralan a los populares valencianos, que afrontarán este curso político un auténtico calvario judicial. Si el juicio de los trajes contra el expresidente Francisco Camps y el dirigente popular Ricardo Costa conmocionó la política nacional, en breve se verán sentados en el banquillo los exconsejeros Rafael Blasco, Milagrosa Martínez o Angélica Such. A ellos se suman otros seis políticos aforados del PP imputados en casos de corrupción. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no da abasto.

Casos como Gürtel, Brugal, Blasco o Alperi están instruyéndose o con juicio oral abierto. Y en cola está el caso Nóos, con el expresidente y diputado Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá a un tris de una posible imputación. No son los únicos escándalos judiciales que salpican al PP. En otras instancias se investigan los casos Fabra, Emarsa, Terra Mítica o el Ivex, en los que aparecen relacionados antiguos cargos públicos o dirigentes del PP.

El partido de gobierno afronta a duras penas este vía crucis judicial

El partido de gobierno afronta a duras penas este vía crucis judicial. Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y del partido, ha hecho más de un quiebro para salvar su política de líneas rojas contra la corrupción. Desde que sustituyó en el cargo a Camps ha apartado a 15 imputados del Consell y de la cúpula regional del partido. Pero no ha podido con el 20% de su grupo parlamentario, todos diputados imputados o procesados. A Fabra le costó que su exportavoz parlamentario Rafael Blasco dejara el grupo tras su procesamiento por el caso de la Cooperación, y reconoce implícitamente su poca influencia sobre el futuro de políticos de peso como Barberá si al final es imputada. Fabra tiene ante si un curso difícil.

Estos son los casos que salpican al PP, llegados al TSJ y a otras instancias judiciales:

Caso Gürtel. La investigación iniciada en febrero de 2009 por el juez Baltasar Garzón sobre una supuesta red de corrupción política vinculada al PP cuenta ya con seis piezas separadas abiertas. En Fitur se investigan los contratos irregulares adjudicados por la Generalitat a Orange Market, empresa de Francisco Correa, por cinco millones de euros para el montaje de los pabellones en la Feria Internacional de Turismo de 2005 a 2009. Dos exconsejeras del Consell Milagrosa Martínez y Angélica Such se sentarán en el banquillo. La fiscalía pide a la primera 11 años de cárcel y 10 de inhabilitación a la segunda.

En la visita del Papa en 2006 se investigan las irregularidades en el contrato de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) con la constructora Teconsa para la sonorización de los actos de la visita del Pontífice a Valencia, que pueden constituir delitos de prevaricación y cohecho. Uno de los imputados es el exdirector del ente Pedro García.

El 'caso Gürtel' ya cuenta con seis piezas

Las presuntas irregularidades en la contratación pública entre la Generalitat y la mercantil Orange Market y sociedades vinculadas al llamado Grupo Correa (pieza 5); y sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market SL (pieza seis). Están imputados la cúpula del PP valenciano de entonces: Ricardo Costa, David Serra, o el expresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

Caso Blasco. El también llamado caso Cooperación ha quedado esta semana listo para juicio. Rafael Blasco, exconsejero del Consell y diputado no adscrito en las Cortes, responderá —junto a ocho imputados más— de irregularidades en las ayudas concedidas por la Generalitat a la Fundación Cyes.

La fiscalía pide 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Blasco por los delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en documento público

Caso Brugal. El tribunal instruye el supuesto amaño del PGOU de la capital alicantina a favor del constructor Enrique Ortiz. Los imputados son el exalcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa de la ciudad y diputada Sonia Castedo. Se les atribuyen presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Caso Alperi. La fiscalía acusa al exalcalde de Alicante de tres supuestos delitos fiscales por ocultar supuestamente dos millones de euros al fisco.

Caso Nóos. El juez José Castro de Palma, que instruye el caso Urdangarín, ha remitido al TSJ la rama valenciana por la condición de aforados del expresidente y diputado Francisco Camps y de la alcaldesa y diputada Rita Barberá. La fiscalía imputa a los dos cuatro delitos por la adjudicación al yerno del Rey Iñaki Urdangarin de los Valencia Summit, congresos sobre eventos deportivos que costaron más de 3 millones de euros al erario público valenciano. El tribunal decidirá en pocos días si acepta la competencia y luego imputa a Camps y Barberá. La lista de aforados del PP en apuros saltaría de los nueve actuales a 11.

Caso Fabra. Es el juicio que más pronto se celebrará, concretamente el 2 de octubre. Está fuera del TSJ porque no hay aforados, pero es relevante por la presencia de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial. El exbarón popular se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, por los que la Fiscalía pide 15 años de prisión.

Caso Emarsa. No hay aforados pero es uno de los escándalos más sonados de la política valenciana, que implicó el saqueo de una sociedad (Emarsa), hoy liquidada, que gestionaba la depuradora de Pinedo. Está en Instrucción 15 de Valencia y consta de una pieza principal y otras nueve separadas. Una de ellas, por el supuesto delito de blanqueo de capitales, está en la Audiencia Nacional. Entre los imputados hay políticos del PP como el exalcalde de Manises Enrique Crespo.