El PP presume de su modelo de bomberos privados pese a las protestas

“Galicia está a la vanguardia de la emergencias en España”. Así lo aseguró ayer la portavoz popular Paula Prado, ajena a la huelga indefinida que unos 400 bomberos de los 23 parques comarcales de bomberos privados que hay en la comunidad iniciaron a las 00:00 horas de ayer para denunciar turnos abusivos e irregulares, salarios rácanos, escasa cobertura social y continuas presiones de las empresas concesionarias.

Los populares tiraron ayer de mayoría parlamentaria y rechazaron la propuesta que les hizo la oposición para “rescatar” los parques adjudicados a distintas compañías privadas —Veicar, Natutecnia o Martinsa— y mediar en el largo conflicto laboral que enfrenta a los bomberos de gestión indirecta con las adjudicatarias, fundamentalmente con Veicar que explota la mitad de los parques privatizados (12 de 23), casi todos en A Coruña. En total, Galicia cuenta con 31 bases de bomberos pero solo ocho se mantienen como servicio municipal, los de las siete ciudades y el de Silleda.

Aún con el conflicto de los bomberos enquistado desde julio, la Xunta saca pecho de un modelo de gestión de emergencias que consume 10 millones de euros anuales con parques y servicios como el 112 privatizados. Tampoco le resta entusiasmo al Gobierno gallego el chorreo de críticas de la oposición denunciando “el caos absoluto” en la coordinación de efectivos, “ya antes del accidente de Angrois”, precisó la socialista, Beatriz Sestayo, o la involución en las condiciones laborales de los bomberos, que pierden derechos consolidados con una reforma “agresiva y regresiva”, cuestionó Tareixa Paz (BNG), que sustituye los turnos de servicio de 24 horas por jornadas de ocho que los obligan a rotar mañana, tarde y noche.

El comité de empresa de Veicar en A Coruña, el que lleva más tiempo batallando en la calle y en los juzgados por la homogeneización de las condiciones laborales del colectivo que marcaba la Lei de Emerxencias de Galicia (5/2007), sostiene que los “cuadrantes hacen aguas” con el personal bajo mínimos (dos o tres por turno de guardia) y modificaciones “ilegales” del horario. “Hay parques a 24 horas, a 12 y a ocho”, expone José Luis Pareja. “Dejan que una empresa privada haga lo que le da la gana, incumple la ley y les da igual”, criticó Sestayo. “En 2001 había un parque y hoy son 25 con una inversión de 25 millones de euros”, presumió Prado, antes de afirmar que es “la gestión indirecta la que permite la asistencia las 24 horas”. La popular respondía así en la primera comisión parlamentaria de Administración General y Justicia, a las quejas de la oposición sobre la privatización de los 23 parques comarcales que PSOE, BNG y AGE quieren recuperar para la tutela pública con un servicio “mejor y más barato”.

“Lecciones cero”, les espetó Prado, para insistir en que su formación no admitía clases ni de la oposición ni de unos sindicatos “en horas bajas” y retrocedió hasta la época del bipartito (PSdeG y BNG) para reprocharles que “enterraran 1,2 millones” en el parque municipal de Salgueiriños en Santiago, que dejaron hecho “un amasijo de hierros”.

Yolanda Díaz (AGE) pidió a la Xunta que “copie el modelo catalán” y advirtió que hay sentencias contrarias al nuevo sistema horario (ocho horas) que imponen las concesionarias a su personal, que llevaba años adaptado a las guardias intensivas de 24 horas. Tanto Sestayo como Díaz reprocharon al vicepresidente Alfonso Rueda la privatización de los parques con insinuaciones sobre “relaciones sospechosas” con las empresas que las gestionan, dijo la primera, o “algún fruto con carácter presunto en la financiación ilegal del PP”, añadió la segunda.