La oposición en bloque registra la comisión que investigará a Alfonso Alonso

Vitoria arranca el curso político con fuerza. La oposición en bloque ha materializado su idea, planteada antes del parón veraniego, este mediodía de crear una comisión de investigación sobre el contrato de alquiler de unos locales en la céntrica calle San Antonio de la capital, propiedad del conocido empresario Gonzalo Antón a través de la sociedad Sbayre. El contrato fue firmado en 2007, sin libre concurrencia, según denuncia la oposición, y por 20 años y siete millones de euros, cuando la Junta de Gobierno había decidido que el acuerdo fuera por una década y una menor cantidad de dinero.

El objetivo es el de depurar las responsabilidades políticas, que los portavoces han apuntado hacia el entonces alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, porque, según Gorka Urtaran (PNV), "modificó las cláusulas sin ser competente" para firmar un contrato "abusivo, contrario al interés general". Es, ha puntualizado el socialista Patxi Lazcoz, el "único en la historia de este Ayuntamiento con cláusula de blindaje". El equipo de gobierno ha confirmado a través de un comunicado que participará en la comisión pero ha censurado que los partidos "no mostraron ningún interés ni preguntaron nada durante los 4 años de mandato" anterior.

Los partidos creen que clarificar los hechos obligará a las partes a renegociar el contrato

La oposición busca clarificar lo sucedido de manera que se consiga "obligar a las dos partes a no seguir perjudicando el interés general", ha indicado  Lazcoz, ante lo que ha calificado de "auténtica sangría". El movimiento de la oposición de este lunes, nada más retomar la actividad, es la conclusión de una polémica que ha azuzado los tranquilos meses de verano en la política municipal vitoriana. Las explicaciones en época estival del actual alcalde y entonces concejal de Hacienda, Javier Maroto, sobre el contrato, han sido “escasas” y “absolutamente insuficientes”, e incluso “generan nuevas dudas” a la oposición, según se recoge en la propia moción presentada a la secretaria general del pleno.

La comisión, cuya constitución está garantizada gracias a los votos en pleno de PNV, Bildu y PSE, deberá ser votada en las próximas dos semanas en pleno, tras las cuales el alcalde tendrá diez días para convocar a los concejales que compongan la comisión. Sus trabajos tendrán lugar a puerta cerrada durante un máximo de cuatro meses, pero los portavoces de los partidos impulsores ya han decidido que su acción será conjunta y, de entrada, consensuarán un listado de comparecientes entre los que el nombre prioritario será el del exalcalde de la ciudad, hoy portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Alonso no tiene la obligación de acudir.

En lo que va de mandato es el primer grupo de trabajo de estas características que se constituye, pero tiene precedentes, como el grupo que investigó dos promociones inmobiliarias en las que, según concluyó la comisión precisamente en 2007, se produjeron irregularidades de cuyo responsable fue el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo.