El PSC pagó 1.750 euros por la grabación de Método 3 a Sánchez-Camacho

El Cuerpo Nacional de Policía ha concluido en un informe que el Partit dels Socialistes (PSC) pagó 1.750 euros a la agencia de detectives Método 3 por disponer de la grabación de la comida entre la líder popular Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga, en Barcelona, el 7 de julio de 2010. Según una información difundida por la Cadena SER, los investigadores señalan que los indicios apuntan a que el PSC encargó la grabación aunque no han podido establecer si efectivamente fue así o si bien el partido se limitó a comprar una información ofrecida por los detectives. La revelación cerca al PSC, cuya gerente, Lluïsa Bruguer, ya está imputada en el caso. Su ordenador fue requisado en julio por la policía por el cruce de correos comprometedores con los detectives.

La dirección socialista reiteró este viernes la versión que ofrece en las últimas semanas: que no tiene nada que ver con el espionaje y que se pone a disposición de la justicia. Pere Navarro, primer secretario de PSC, rechazó hace un mes comparecer en el Parlamento autonómico para dar explicaciones por la imputación de Bruguer al ampararse en que la presunta implicación de su partido se produjo cuando no lo dirigía. A la espera de la confirmación policial, el Partido Popular (PP) optó por la prudencia y Sánchez-Camacho delegó en Dolors Montserrat, vicepresidenta del Congreso y vicesecretaria de Organización, para hacer una valoración de los hechos. “Si se confirman”, avisó Montserrat, “serían intolerables en democracia y no pueden quedar en unas disculpas. El PSC no puede esconderse después de que su gerente fuera imputada y que esté supuestamente implicado su exsecretario de organización”, en alusión al diputado José Zaragoza.

La Policía ha desentrañado la madeja del caso gracias a los correos electrónicos y la agenda de la detective Elisenda Villena. El informe concluye que el partido pagó 1.750 euros por la grabación. La principal prueba es uno de los correos que Villena envió al que era el director financiero de Método 3, José Luís Marco, en relación a dos trabajos que debían facturar a un mismo cliente. En un archivo adjunto bajo el título Resumen de trabajos, la detective especificaba este epígrafe: “Preparación del dispositivo y colocación en el lugar de encuentro, grabación y retirada del dispositivo, identificación posterior de la mujer, escucha y resumen de lo que se ha hablado en la comida (4 horas de grabación), pago de la comida. Por estos conceptos: 1.750 euros”.
En ese documento adjunto se alude también a otra investigación a la compañía GPO Ingeniería, por valor de 1.480 euros. Los dos trabajos se recogen bajo el número de expediente 20.718, que es el código identificativo que la agencia otorgó a un encargo de Zaragoza. El diputado ya admitió en febrero que el PSC trabajó con Método 3, aunque siempre ha negado relación alguna con el espionaje a Camacho. La suma de ambos, más el 18% de IVA, coincide además con la cifra que Método 3 facturó al PSC.

El grado de detalle del documento induce a pensar a los agentes de la Brigada de Información Tecnológica que “la empresa de detectives está cobrando al PSC la realización de una investigación y no sencillamente la venta de una información”, según un extracto del informe policial, divulgado por la SER. Pero a pesar de ello, los investigadores reconocen que no han podido determinar si Método 3 grabó a Camacho por su cuenta y se lo vendió al PSC, o si el espionaje responde a un encargo.

En el mismo informe, los policías se apoyan en la agenda de Villena —hermana de una exasesora jurídica del PSC, Anna Villena—, según la cual la detective se reunió con Zaragoza a las 14.30 del 15 de julio —ocho días después de la famosa comida en La Camarga— y acordaron la cantidad que se debía facturar. También consta un correo electrónico con una numeración de las investigaciones realizadas por Método 3 en julio de 2010, en el que la agencia se refiere al expediente 20.718 como 20718 PSC-Camacho, lo que “relaciona inequívocamente al partido con la grabación de la conversación en el restaurante La Camarga”, según el informe policial. También incrimina al PSC otro correo de la detective, seis días después de la comida, a la gerente del PSC Lluïsa Bruguer, imputada en la causa, en el que dice: “Tengo una factura para darte, imagino que el jefe te habrá informado, y la pregunta es ¿cómo quieres que lo hagamos?”.

La difusión del informe provocó la reacción inmediata del exdirector de la agencia de detectives, Francisco Marco, que negó, a través de un comunicado a Efe, que la grabación de la comida entre Camacho y Álvarez respondiese a un encargo “institucional” del PSC. Esa información podría dar pábulo a que miembros del partido socialista, a título individual, encargaron el espionaje. Pero Marco, al igual que hizo en sede judicial, reiteró que el trabajo fue encargado por el “entorno” de Camacho. Además, subrayó que la grabación se hizo “de forma absolutamente legal” y “con conocimiento pleno de una de las interlocutoras en la comida”. Miembros del PP aseguran que esa versión responde a la estrategia judicial de Marco para quedar liberado de los cargos porque no hay delito con el consentimiento. El detective también cuestionó la suma pagada: “Cifrar una supuesta grabación ilegal en 1.750 euros es, cuando menos, tener un desconocimiento pleno del mercado de la investigación privada”.

Tras divulgarse el informe, Convergència i Unió pidió la comparecencia en el Parlamento catalán del expresidente José Montilla, que era primer secretario de los socialistas cuando ocurrieron los hechos. “Esto es una maquinación de PSC y PP para dañar a CiU”, dijo Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlamento. La Cámara ya aprobó en su día la comparecencia de la popular, que el miércoles afirmó: “Estoy a su disposición, pero los espiados tienen que dar explicaciones. Esto es el mundo al revés”.