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Alcoi multa al constructor Ortiz por falta de mantenimiento de un aparcamiento

La sanción es de 300 euros diarios hasta que empiecen los trabajos de conservación

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) ha aprobado sancionar con 300,51 euros diarios a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por el empresario alicantino Enrique Ortiz por la falta de mantenimiento del aparcamiento de La Rosaleda, del que la propia UTE es concesionaria, según ha informado en un comunicado el consistorio.

El contratista y promotor Enrique Ortiz es una de las figuras empresariales más relevantes y populares de Alicante. Aparece a menudo vinculado a temas empresariales, deportivos y judiciales, y casi siempre rodeado de polémica. El nombre del propietario del Hércules C.F. ha sonado en la trama Gürtel, está imputado en el caso Brugal y su principal proyecto urbanístico, el Plan Rabassa, que preveía meter una ciudad del tamaño de Elda (55.000 habitantes, Alicante) en la capital alicantina, está parado por la Justicia.

El órgano municipal alcoyano ha acordado desestimar las alegaciones presentadas en este sentido por la UTE Rosaleda, formada por Ortiz e Hijos y Auplasa, en las que afirmaba que el mantenimiento correspondía al municipio. La multa de 300,51 euros diarios se hará efectiva sobre la garantía definitiva del contrato "hasta que se inicien los trabajos de conservación, que se tendrán que ejecutar antes de tres meses".

El Ayuntamiento ha recordado que el pleno del pasado 27 de mayo aprobó incoar expediente sancionador a la UTE por incurrir en una falta grave, "dado el deficiente estado en que se encuentran el aparcamiento por la falta de mantenimiento". Por su parte, la empresa alegó que esa tarea corresponde al consistorio, por tratarse de un espacio público municipal.

No obstante, la institución municipal ha asegurado que el pliego de cláusulas administrativas particulares que regula la concesión del parking durante un periodo de 50 años establece "claramente" que el mantenimiento y conservación del recinto "corresponde al contratista".

La concejal de Régimen Jurídico de la ciudad, Lorena Zamorano, ha explicado que "cualquier usuario puede ver el mal estado en que se encuentran las instalaciones, con filtraciones y goteras, unos problemas que se agravan cuando llueve y que pueden llegar a ser peligrosos en caso de afectar a las instalaciones eléctricas".

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