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El movimiento ciudadano contra el macrovertedero cala en la Vega Baja

Los vecinos se oponen a la planta prevista en Albatera, clave en el ‘caso Brugal’

Guadalupe Almagro y Vicente Pérez de la plataforma Vertivega junto al canal de lixiviados de La Murada. Ampliar foto
Guadalupe Almagro y Vicente Pérez de la plataforma Vertivega junto al canal de lixiviados de La Murada.

Un movimiento ciudadano viene extendiéndose a lo largo del 2013 por la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana. Es interpoblacional, no atiende a edades ni orígenes ni prácticamente ideologías. Organizan conferencias o manifestaciones a las que asisten entre cientos y miles de vecinos y montan desde partidos de fútbol a conciertos para poder financiarse. Estas iniciativas, que cambian de nombre como se cambia de pueblo, se están concentrando en zonas rurales. Luchan contra la basura. El movimiento nace de la indignación ciudadana y tiene en el punto de mira la gestión de residuos en toda la comarca de la Vega Baja y el macrovertedero previsto en la población de Albatera. Cuentan con argumentos que van desde lo judicial a lo medioambiental y piden entrar en el debate del futuro modelo de gestión que maneja la Consejería de Medio Ambiente.

El referente más cercano de estos movimientos es el de la Plataforma Vertivega en La Murada, que el verano pasado acampó frente al vertedero de La Murada-Abanilla, controlado por la empresa Proambiente, del imputado en el caso Brugal Ángel Fenoll. La presión ciudadana y las enormes irregularidades que rodean al vertedero de Fenoll hicieron que el gobierno local formado por la coalición Los Verdes-PSOE, recién llegado a Orihuela, lo clausurara.

Con la plataforma se puso en contacto la asociación Albatera No al vertedero, quizás el movimiento más conocido por su resistencia al macrovertedero previsto en la localidad. Albatera roza los 12.000 habitantes y la instalación acogería como mínimo la basura generada por las casi 400.000 personas que viven en la comarca.

Las reivindicaciones contra el plan zonal propuesto por Medio Ambiente para la Vega Baja se basan en tres preguntas que ya hacen suyas muchos alcaldes con indiferencia del color político: ¿Cómo se puede seguir adelante con un plan zonal que es el centro del caso Brugal y tanto el expresidente de la Diputación que lo impulsó, Joaquín Ripoll, como el concesionario del macrovertedero, Enrique Ortiz, son dos de los principales imputados? ¿Cómo instalar una planta que en 2020, según la UE, quedará obsoleta? ¿Qué impacto medioambiental puede tener en la sierra de Albatera donde se ubicará viendo lo ocurrido en La Murada donde el suelo supura basura?

“Todo esto nace de la indignación social”, cuenta José Domingo Guillén, de la junta gestora de la asociación. “Empezamos en enero en Facebook y en marzo nos constituímos”, recuerda este delineante de 40 años. La asociación comenzó denunciando el peligro que supone que el proyecto se ubique sobre una rambla que acaba en las canalizaciones del agua de la región y, precisamente, la indignación ciudadana ha seguido el curso de la rambla: primero llegó a La Granja, saltó a Cox y más tarde llegó a Callosa del Segura.

Varias localidades son susceptibles de adherirse al movimiento. Cinco municipios de color socialista y tres donde gobiernan en coalición amenazaron en abril con salirse del consorcio de basuras de la Vega Baja, la agrupación que reune a todas las poblaciones de la comarca, si no se paralizaba el macrovertedero. Entre todos suman el 34% de la población comarcal. El ayuntamiento de Albatera, del PP, se niega también al proyecto y financia un 70% del estudio ambiental encargado a la Universidad de Alicante.

El poder de convocatoria es llamativo para un colectivo tan joven. En junio concentraron a más de 6.000 personas en una manifestación que recorrió la capital alicantina. “La siguiente será en Valencia”, avisa Guillén, “seguramente en octubre. Vamos a plantarnos frente a Medio Ambiente, que sepan que les vamos a vigilar y que queremos estar en el debate. Paralizaremos lo que creamos que va en contra de la salud ciudadana. No nos pueden poner un tipo de instalación que según la UE estará prohibida a partir de 2020”, dice Guillén. El portavoz apunta que se debe profundizar en el debate sobre las incineradoras abierto por la consejera Isabel Bonig. Para la manifestación en la capital autonómica preven juntar a movimientos de otras ciudades alicantinas con vertedero: El Campello, Crevillente, Villena, Alicante y Elche.

La asociación albatereña organiza el 27 de septiembre su segundo foro sobre gestión de residuos. Abordarán los modelos de negocio existentes en el norte de España, muy centrados en involucrar al ciudadano en la gestión de la basura e invitarán a organizaciones y empresas. No quieren que las empresas pasen de enterrar la basura a solo incinerar para producir electricidad porque sería pasar de envenenar la tierra como ha ocurrido en La Murada a envenenar el aire. “Hay que entrar en la valorización de residuos y buscarle utilidad”, sentencia Guillén.

En febrero, EL PAÍS publicó un reportaje en el que se advertía que, según previsiones de la propia consejería, en 2020 solo quedarán espacios protegidos donde poder abrir agujeros para verter residuos. Esta semana Bonig reconoció que hay urgencia en abordar la instalación de plantas incineradoras. En la Vega Baja la estarán vigilando.