Imputada la alcaldesa de Ciempozuelos por irregularidades en las cuentas
El interventor había informado de irregularidades en la contabilidad del municipio
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro ha llamado a declarar como imputados a la alcaldesa de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, del PP, y a dos de sus predecesores en el cargo, Pedro Antonio Torrejón, exalcalde del PSOE y actual edil por el partido Ciudadanos por Ciempozuelos (CPCI) y a Susana León Gordillo, exalcaldesa del PSOE, que ha dejado la política. Torrejón está implicado en el caso Ciempozuelos, en el que se le acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales y de falsedad documental y de cohecho.
Aunque todavía no ha podido acceder al expediente que ha provocado su imputación, la alcaldesa supone que detrás se encuentra un informe de fiscalización de las cuentas municipales de 2006 y 2007 elaborado por la Cámara de Cuentas y que detectó irregularidades. “Yo lo único que quiero es que llegue el día para declarar, porque me comprometí a ser transparente y fui yo la que llevé a pleno el solicitar la investigación de las cuentas. ¿Lo habría hecho si tuviera algo que esconder?”, pregunta.
Herrera explica cómo al llegar a la alcaldía no existían funcionarios habilitados y ella los pidió. Fue el nuevo interventor el que le advirtió sobre el estado de las cuentas. “Me dijo que era un caos y me recomendó llevarlas a pleno para cerrarlas”, relata. Esto ocurrió en la sesión plenaria de mayo de 2012 con los votos a favor del PP, en contra de IU-LV, CPCI, Partido Independiente y la abstención del PSOE.
Chus Alonso, concejal de IU-LV, explica que el mencionado informe detectó irregularidades en la gestión económico-financiera. “Nosotros íbamos a denunciar lo ocurrido, pero nos comunicaron que el ministerio fiscal ya había iniciado un procedimiento abierto de oficio y estamos esperando para personarnos en la causa”, aclara.
IU-LV destaca que las anomalías se refieren a pagos reflejados sin justificación, abono indebido de suministros, apuntes contables relativos a pagos sin justificación o saldos en cuentas bancarias contrarios a su naturaleza, entre otras. A modo de ejemplo, resaltan 816.245 euros que figuran en un extracto bancario sin justificar o la prolongación por dos años del contrato con la empresa de limpieza de edificios y colegios públicos sin expediente administrativo que lo respaldase, que le supuso una facturación de 1,5 millones.
Desde el PSOE indican que “deben depurarse las responsabilidades derivadas de los errores cometidos, que en principio son administrativos, siempre respetando la presunción de inocencia”. Además, su portavoz, Raquel Jimeno, sostiene que el municipio se merece una regeneración de la política.
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