El Consell frena el despilfarro en el aeropuerto de Castellón

El aeropuerto de Castellón ya no gasta millones de euros en patrocinios, ni contrata publicidad, tampoco sigue pagando los 4.320 euros al mes por el alquiler de un ático como sede y se han rescindido contratos innecesarios como el del halconero encargado de ahuyentar las aves. Los recortes se han venido sucediendo desde que el Consell optó por tomar las riendas de la infraestructura —aún con Carlos Fabra como presidente de la empresa pública Aerocas—, y han continuado con el relevo del exbarón del PP por parte de José Ciscar. Los esfuerzos por minimizar el coste de un aeropuerto que lleva más de dos años sin aviones es reflejo de los intentos para reducir el coste político de esta infraestructura. Pero también es la constatación, por parte del Consell, de que la anterior cúpula de Aerocas dispuso durante años de bula para el dispendio. Ahora, hasta la previsión de pasajeros, plasmada en cinco informes de 2003 a 2011, es ciencia ficción. Se ha pasado de esperar un millón de viajeros al quinto año de operaciones a 360.000.

Entre sus primeras medidas como nuevo presidente de Aerocas, Ciscar destituyó fulminantemente a Juan García Salas, su director general, y contrató una auditoria (18.000 euros más IVA) con el objetivo de “optimizar recursos y obtener ahorros”. A Salas estaba previsto buscarle un sustituto pero, hace unas semanas, el portavoz del Consell dijo que no habría recambio puesto que habían llegado a la conclusión de que no hacía falta contratar a una persona con los conocimientos técnicos de Salas para dirigir una empresa pública. Un cargo por el que se han estado pagando más de 100.000 euros, contando el coste de la seguridad social, durante los últimos nueve años. Ciscar presumió de ahorro. También de suprimir el contrato para el control de la fauna adjudicado por unos 80.000 euros al año y que se rescindió al saberse que la adjudicataria estaba inmersa en una investigación por presunto contrabando de especies protegidas y falsificación de documentos. El Consell volverá a licitar el servicio, pero solo por 18.000 euros anuales. Según Ciscar, únicamente es necesario controlar la plaga de conejos y no los pájaros que puedan poner en peligro unos aviones que no existen.

Estas medidas, junto a otras entre las que destaca acabar con la marca Aeroport de Castelló como patrocinadora de equipos de fútbol y deportistas, no es más que una forma de reconocer que en Aerocas se ha estado derrochando dinero sin control. Y que los modelos de gestión pactados por Carlos Fabra distan mucho de lo que el actual presidente de Aerocas considera viable. Ciscar desgranó tras el último consejo de administración el que será el nuevo modelo de gestión (el tercero) para el aeródromo: una concesión por un máximo de 2,5 millones hasta alcanzar la cifra de 360.000 pasajeros anuales. Según dijo, la cifra es “realista” y se puede alcanzar “en cinco o seis años”.

Se trata del séptimo informe. La viabilidad del aeropuerto había sido analizada en 1998, 2003, 2006, 2007, 2010 y 2011. En todos los informes, salvo en el primero, se estimó que al quinto año de operaciones pasaría un millón de pasajeros por Vilanova d'Alcolea. Ahora, con el aeropuerto ya construido, lo realista son 360.000.

En el primer modelo de gestión, Aerocas pactó pagar a la concesionaria seis euros por cada pasajero que faltara para llegar a los 600.000 anuales. El segundo modelo (con un contrato que ha acabado en los juzgados) establecía que el Consell asumiría las pérdidas durante los ocho primeros años y los costes de servicios como el de la torre de control (4,25 millones en cinco años), la seguridad privada (5,5 millones en cinco años) y el control de fauna.

El tercer modelo, el anunciado por Ciscar y que pretende ser el definitivo, compromete a la Generalitat a pagar un máximo de 2,5 millones de euros al año de forma decreciente hasta llegar “al punto de equilibrio económico” estimado en 360.000 pasajeros.

La adjudicataria, en este nuevo modelo, asumirá además los servicios que ahora paga Aerocas. La previsión del vicepresidente es lograr una empresa que explote el aeródromo en 2014. El coste del aeropuerto para las arcas públicas no superaría los 2,5 millones anuales. Ahora solo falta que una empresa quiera gestionar el aeropuerto.