Tres detenidos en una protesta que ha parado un desalojo en Tetuán

“Tenemos que aguantar, eso está claro. Esto está iniciando”. Ángeles Gracia durmió poco en los últimos tres días. Su casa estuvo siempre llena de gente. Un centenar de decinos y activistas esperaban la llegada de la policía municipal. El Ayuntamiento tenía como objetivo desalojar y derribar la vivienda con el número 29 en la calle de Ofelia Nieto, en Tetuán. El Consistorio quiere ampliar la acera seis metros más en esa calle, en el terreno que ocupa esa casa. Ha ofrecido a los habitantes una indeminzación de casi 400.000 euros, que estos han rechazado.

Un recurso legal y la presión social dieron un nuevo respiro a las tres familias que habitan la vivienda. Ángeles es una de las dos hijas de Paco Gracia, el dueño de la finca. Acompañados de 70 personas vieron como una decena de vehículos antidisturbios acudieron al domicilio, cerca de las seis y media de la mañana. Le acompañaba una máquina demoledora que esperaba a que la casa estuviera desocupada para derribarla. La protesta acabó con tres personas detenidas por alteración del orden público, atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad, según informó la policía municipal. Los detenidos fueron liberados durante la tarde, según confirmó el representante de la Asamblea Popular de Tetuán, Álvaro López.

En 2010, el Consistorio expropió la casa, sin previo aviso, a cambio de casi 400.000 mil euros. “El interés económico es por parte de la administración, no nuestro”, decía con insistencia Ángeles. “No pasarán” y “Ayuntamiento, ladrón”, fueron algunas de las consignas de los integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que apoyaron la protesta y que se atrincheraron en la puerta de la casa. Justo a las 8.00, los antidisturbios iniciaron la movilización de los manifestantes. Después de 40 minutos se retiraron sin concluir el trabajo.

El Ayuntamiento suspendió el desalojo porque antes de iniciarse, las personas congregadas lanzaron piedras contra los policías y no se podía garantizar su seguridad, según información de la agencia Efe. Ángeles Gracia dijo que la demolición se interrumpió debido a un recurso judicial que presentó su abogado el martes 13 en los juzgados de Plaza de Castilla.

“Desde ahora no habrá más avisos”, resume Álvaro López. El Ayuntamiento aún tiene 15 días para ejecutar la orden que se le concedió el 29 de julio, explicó el representante vecinal. “En esta se da un plazo de hasta 30 días para el desalojo”, agregó.

El plan es seguir en “alerta máxima”, como lo hicieron el martes. Esa noche tres vehículos de la policía municipal custodiaban los alrededores, donde medio centenar de personas protestaban a pie de calle en ambiente festivo, mientras otra veintena se asomaba desde la última planta del inmueble. Los manifestantes cortaron el tráfico de uno de los carriles de la calle durante unos quince minutos, pero fueron disueltos por los agentes en medio de abucheos y gritos de protesta.

En el interior del inmueble, las tres viviendas tenían un aspecto medio desmantelado: los dos pisos inferiores, hogar de las dos hijas del matrimonio dueño de la propiedad, habían sido vaciados por completo. En la planta superior, donde viven los abuelos y está situada la enorme terraza, apenas quedaba una cama de matrimonio en un dormitorio y un aparador con un sofá en lo que un día fue el salón. “Sois todos bienvenidos a mi casa", repetía Paco Gracia a todos los que entraban cargados de sacos, esterillas y alimentos para pasar la noche. “En este garaje tuve mi taller de mecánico durante 23 años”, relata.

Paco, de 77 años y actual propietario, recuerda que cuando él llegó con su padre a vivir allí, solo había algunas casitas bajas, un río y una cañada. La explotación urbanística que vivió Madrid desde los años 60 modificó el barrio, y las casitas unifamiliares de entonces dieron paso, gradualmente, a edificios de pisos más modernos.

La familia de Paco vivió primero en régimen de alquiler hasta que en 1954 su padre adquirió el bloque, que figura en el catastro a nombre de su familia. No así en el registro de la propiedad, desde 2010. “Es un robo y no se trata de una cuestión de dinero, sino de dignidad”, protesta Nines, una de las hijas del matrimonio.