Mar dio medio millón a una fábrica con la concesión a punto de expirar

La Xunta adjudicó a través de la Consellería do Mar en 2011 una subvención de 545.336,10 euros a la conservera Pescamar, que opera en Poio (Pontevedra) para la adquisición de “equipos de proceso, hardware y trazabilidad” en contra de los términos de su propia convocatoria de ayudas. La orden que las regula especificaba que para acceder a ellas había que tener en orden todos los permisos y autorizaciones administrativas, así como destinar los bienes al uso declarado durante cinco años. Las instalaciones de Pescamar tienen, sin embargo, una situación jurídica triple. Una buena parte es propiedad de la compañía, otra —unos 3.000 metros cuadrados— está en una zona del dominio público marítimo terrestre sobre la que la empresa tiene una concesión de Costas y una tercera ocupa de forma irregular una franja de ese espacio público.

La concesión caducaba en 2014 y es ahora susceptible de prórroga tras la modificación de la Ley de Costas aprobada este año, pero no lo era cuando se concedió la ayuda. La gerente de Pescamar es Lupe Murillo, militante del PP y concejal en Pontevedra entre 2007 y 2011, que niega irregularidades. La resolución que da publicidad a las ayudas está firmada por el secretario general de Mar, Juan Carlos Maneiro.

La orden de la Consellería que regula las subvenciones tiene fecha del 22 de diciembre de 2010 y fija como objetivo ayudar a “la transformación y comercialización de productos procedentes de la pesca, del marisqueo y la acuicultura” con ayudas económicas que vienen financiadas en un 61% por el Fondo Europeo de Pesca y por el Estado en el importe restante. El articulado de la orden recoge varios requisitos que colisionan con la situación legal de Pescamar, nombre comercial de Alfonso García López, SA. De un lado la empresa está obligada a “destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se conceda la subvención durante un período mínimo de cinco años”. En caso de que “pretendiera el cambia de destino del bien subvencionado” debería pedir permiso. El plazo de cinco años empieza a contar “a partir de la fecha contable del último pago”, que se realiza en tres anualidades, la última en 2013.

La orden exige también a los perceptores de subvenciones estar “en posesión de las preceptivas concesiones, autorizaciones, permisos o licencias para llevar a cabo las inversiones previstas”. Pescamar tiene una concesión de 3.027 metros cuadrados, otorgada en 1994 como prórroga de una previa, que se remontaba a 1970. El plazo fue de 20 años y sin posibilidad de extenderlo según el propio pliego de condiciones generales, que es tajante en sus términos cuando dice que “será improrrogable a menos que en el pliego de condiciones particulares se admita explícitamente”. En ese pliego particular no hay mención alguna a eventuales prórrogas. Costas había rechazado ya en 1993 que el permiso para ocupar los terrenos se ampliase otros 2.475 metros. La empresa no hizo excesivo caso y en la actualidad ocupa una franja más allá de los terrenos de su concesión, en zona de dominio público, según confirmaron a EL PAÍS tres fuentes.

Desde Pescamar, Murillo rechaza cualquier irregularidad. “Cumplo todos y cada uno de los parámetros”, señala la gerente, que aseguró de forma genérica que “todo está justificado” y añade que es especialmente cuidadosa porque está en política. Sobre el destino de la subvención, alude al cambio del sistema de software de la empresa y la compra de una máquina para el cierre de latas, entre otros fines. “Estos fondos vienen desde 2003 y ya nos los daba el bipartito”, añade. No precisó si los bienes se ubican en la zona objeto de la concesión o la ocupada ni si la empresa podría funcionar prescindiendo de esos terrenos.