_
_
_
_

Mar dio medio millón a una fábrica con la concesión a punto de expirar

La gerente de la conservera Pescamar fue concejal del PP en Pontevedra

La gerente de Pescamar (segunda por la izquierda), junto a la conselleira de Mar y el secretario de este departamento (con corbata roja), en 2011.
La gerente de Pescamar (segunda por la izquierda), junto a la conselleira de Mar y el secretario de este departamento (con corbata roja), en 2011.

La Xunta adjudicó a través de la Consellería do Mar en 2011 una subvención de 545.336,10 euros a la conservera Pescamar, que opera en Poio (Pontevedra) para la adquisición de “equipos de proceso, hardware y trazabilidad” en contra de los términos de su propia convocatoria de ayudas. La orden que las regula especificaba que para acceder a ellas había que tener en orden todos los permisos y autorizaciones administrativas, así como destinar los bienes al uso declarado durante cinco años. Las instalaciones de Pescamar tienen, sin embargo, una situación jurídica triple. Una buena parte es propiedad de la compañía, otra —unos 3.000 metros cuadrados— está en una zona del dominio público marítimo terrestre sobre la que la empresa tiene una concesión de Costas y una tercera ocupa de forma irregular una franja de ese espacio público.

La concesión caducaba en 2014 y es ahora susceptible de prórroga tras la modificación de la Ley de Costas aprobada este año, pero no lo era cuando se concedió la ayuda. La gerente de Pescamar es Lupe Murillo, militante del PP y concejal en Pontevedra entre 2007 y 2011, que niega irregularidades. La resolución que da publicidad a las ayudas está firmada por el secretario general de Mar, Juan Carlos Maneiro.

La orden de la Consellería que regula las subvenciones tiene fecha del 22 de diciembre de 2010 y fija como objetivo ayudar a “la transformación y comercialización de productos procedentes de la pesca, del marisqueo y la acuicultura” con ayudas económicas que vienen financiadas en un 61% por el Fondo Europeo de Pesca y por el Estado en el importe restante. El articulado de la orden recoge varios requisitos que colisionan con la situación legal de Pescamar, nombre comercial de Alfonso García López, SA. De un lado la empresa está obligada a “destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se conceda la subvención durante un período mínimo de cinco años”. En caso de que “pretendiera el cambia de destino del bien subvencionado” debería pedir permiso. El plazo de cinco años empieza a contar “a partir de la fecha contable del último pago”, que se realiza en tres anualidades, la última en 2013.

La orden exige también a los perceptores de subvenciones estar “en posesión de las preceptivas concesiones, autorizaciones, permisos o licencias para llevar a cabo las inversiones previstas”. Pescamar tiene una concesión de 3.027 metros cuadrados, otorgada en 1994 como prórroga de una previa, que se remontaba a 1970. El plazo fue de 20 años y sin posibilidad de extenderlo según el propio pliego de condiciones generales, que es tajante en sus términos cuando dice que “será improrrogable a menos que en el pliego de condiciones particulares se admita explícitamente”. En ese pliego particular no hay mención alguna a eventuales prórrogas. Costas había rechazado ya en 1993 que el permiso para ocupar los terrenos se ampliase otros 2.475 metros. La empresa no hizo excesivo caso y en la actualidad ocupa una franja más allá de los terrenos de su concesión, en zona de dominio público, según confirmaron a EL PAÍS tres fuentes.

Desde Pescamar, Murillo rechaza cualquier irregularidad. “Cumplo todos y cada uno de los parámetros”, señala la gerente, que aseguró de forma genérica que “todo está justificado” y añade que es especialmente cuidadosa porque está en política. Sobre el destino de la subvención, alude al cambio del sistema de software de la empresa y la compra de una máquina para el cierre de latas, entre otros fines. “Estos fondos vienen desde 2003 y ya nos los daba el bipartito”, añade. No precisó si los bienes se ubican en la zona objeto de la concesión o la ocupada ni si la empresa podría funcionar prescindiendo de esos terrenos.

Legalización pausada

Las instalaciones de Pescamar fueron las elegidas por el candidato Feijóo en la campaña de 2009 para escenificar su futura apuesta por la igualdad laboral. La nave está ubicada en el lugar de A Reiboa de la parroquia de San Xoán de Poio, guardan poco parecido con la línea original del mar. Más allá de la franja de dominio público que ocupa la empresa, todavía hay un amplio relleno, asfaltado y con plazas de aparcamiento que lindan con el Parque da Memoria, una zona de recreo con cuatro monolitos de piedra grabados con los rostros de Castelao, Rosalía y Alexandre Bóveda, y cinco bancos que llevan inscritos citas de premios Nobel de la Paz como el Obispo Tutu o Rigoberta Menchú situados en un terreno plano con césped y un paseo a pie a la ría. Los terrenos pertenecen a Costas, que en este caso autorizó la construcción del memorial.

El Ayuntamiento lleva más de dos años intentando que el Ministerio de Medio Ambiente desafecte los terrenos, con el compromiso de que no autorizará nuevas instalaciones que no estén destinadas a usos públicos. Por otro lado ha recurrido la ley de costas porque considera que no soluciona adecuadamente la situación de sus núcleos de litoral. Pescamar, por su parte, se ha beneficiado ampliamente de la ley que reformó la Ley de Costas, vigente desde el 31 de mayo, que permite una prórroga específica de las concesiones de hasta 75 años. Murillo asegura que ya la ha tramitado.

La Consellería do Mar se limitó a explicar a este diairo que “no facilita información de expedientes concretos de empresas” . Y alega que las ayudas “son tramitadas conforme a la normativa vigente y siguiendo informes técnicos”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_