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El fiscal pide 10 años de inhabilitación para José Luis Baltar

El ministerio público solicita la máxima pena por el delito de prevaricación continuada

“A mí no me echa nadie; ya me inhabilité yo", sentenció José Luis Baltar al conocer su imputación por el supuesto delito de prevaricación por el enchufismo en la Diputación de Ourense que presidía. Casi dos años después de que presentase su renuncia al frente de la institución alardeando de que lo hacía por propia voluntad, la fiscalía ourensana reclama la pena máxima, 10 años sin poder ejercer cargos públicos, para el septuagenario cacique, que ha delegado ya todas sus competencias políticas en su hijo.

 El fiscal jefe, Florentino Delgado, registró este lunes el escrito con la petición de la máxima pena que contempla la ley para el delito de prevaricación continuada por el enchufismo en la Diputación de 104 personas en el entorno del congreso provincial del PP que ganó el vástago del exbarón. Baltar se retiró de la presidencia de la institución a la que durante las dos décadas largas que presidió dotó hasta el delirio de empleos de afines, y de la presidencia del PP provincial, desde la que luchó con uñas y dientes contra los presidentes del partido en Galicia (Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo) para mantener su parcela de poder, sin que nadie en su partido le rechistara. Al menos públicamente.

Cuando anunció su renuncia a la Diputación, insistió en que lo hacía por propia voluntad y con el reconocimiento de Feijóo de que se iba porque él mismo quería “sin que nadie te eche”, algo que, según repitió Baltar hasta la saciedad, él no consentiría. Meses después, la fiscalía ourensana presentaba el escrito de acusación por el enchufismo.

Para Baltar la verdadera pena es la acusación judicial. Sus abogados intentaron por todos los medios evitar que se sentara en el banquillo. No lo consiguieron. La Audiencia Provincial rechazó el pasado junio la última de las peticiones de archivo de la causa que reclamó constantemente su defensa. Los magistrados avalaron la instrucción del juez Leonardo Álvarez destacando que no existían motivos para el archivo al constatarse “indicios racionales de criminalidad”. En el auto del juez instructor hecho firme por la Audiencia consta que los contratos de trabajo se realizaron sin publicidad y a dedo “a sabiendas” de que conculcaban las normas de la propia institución. “Se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana”, redactó entonces el juez