El Poder Judicial exige a Llera respeto hacia la instrucción de Alaya en los ERE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha exigido respeto al consejero de Justicia, Emilio Llera, hacia la instrucción de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. El órgano de gobierno de los jueces ha enviado un comunicado por el que “reitera la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales” ante las críticas de Llera a la labor de la magistrada.

El malestar del Gobierno andaluz con la investigación de Alaya ha aumentado en los últimos meses, sobre todo desde la imputación de 20 altos cargos del Ejecutivo autónomo. “Estoy un poco descorazonado con la forma de realizar la instrucción de mi compañera”, afirmó Llera sobre Alaya el pasado lunes. “Sigo sin entender que sostenga que Antonio Fernández, siendo viceconsejero, en unión de su superior, el consejero de Empleo, participó en la ideación y firma de un convenio para eludir los controles públicos y que meta en la cárcel al primero de ellos y al otro lo deje apuntado, porque, según se dice, es aforado”, añadió en alusión al exconsejero y diputado a Cortes José Antonio Viera, que ha sido señalado por los investigadores pero no está imputado. “Quizás no le falte razón a quienes dicen eso (...) Aquí se está apuntando a mucha gente; se amaga pero no se da”, añadió el exfiscal.

El consejero ha respondido a la Comisión Permanente del Consejo que “siempre ha respetado las decisiones de Alaya”, pero “respetar una decisión judicial no quiere decir compartirla”, ha informado Europa Press. “En Derecho se puede disidir y eso es frecuente”, ha remachado Llera, que recordó cómo, en ocasiones, el ministro de Justicia ha criticado resoluciones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial no se ha pronunciado.

“Un juez está obligado a razonar, fundamentar y motivar sus decisiones, y eso sirve como mecanismo de control a los jueces por parte de sus superiores jerárquicos, y también a los ciudadanos, para que sepan por qué se imputa a un ciudadano”, ha insistido Llera. Este ha opinado que la imputación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es “absolutamente imposible”. Mientras, el portavoz del Gobierno, Miguel Angel Vázquez, ha defendido la “libertad de expresión” de Llera.

Por otra parte, la juez ha dictado esta mañana un auto para argumentar por qué estima que ciertos letrados no pueden representar a imputados cuyas defensas considera incompatibles. Alaya admite que “los inculpados son libres de designar letrado de su elección”, pero destaca que es su deber primar la protección de los derechos de los acusados: “Deber de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes, situaciones enfrentadas o limitaciones en la defensa que puedan inferir una protección inadecuada de sus derechos”.

Alaya enumera seis casos que afectan a 13 imputados que no pueden compartir abogado con otro acusado. Estas aclaraciones surgen después de que la semana pasada en el interrogatorio del ex interventor general Manuel Gómez, la juez prohibiera al abogado José María Mohedano preguntar en nombre del viceconsejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, y al mismo tiempo de su sucesor, Buenaventura Aguilera. Mohedano ha replicado a Alaya con un recurso que censura el auto por ser “absolutamente no razonado y sin contenido constitucional”, que provoca “la desprotección práctica del derecho de defensa y un vaciamiento del contenido el derecho a la libre designación de abogado”.

Mientras, la juez ha reducido la fianza para salir en libertad a los cuatro imputados que permanecen en prisión: 300.000 euros para el intermediario Juan Lanzas y 450.000 euros para los empresarios Eduardo Pascual, María Vaqué y José González Mata.