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El TSJ pregunta al fiscal sobre dos querellas contra Blasco y Castellano

El tribunal consulta al ministerio público sobre la competencia para admitir las denuncias

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado dos providencias en las que insta a la fiscalía a que se pronuncie sobre la competencia de este tribunal para ver dos querellas presentadas contra el exconsejero del PP Rafael Blasco, procesado en el caso Cooperación, y el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, denunciado por supuestas irregularidades al contratar con la empresa de un amigo.

Según consta en dichas providencias, hechas públicas por el TSJCV, el tribunal pide al ministerio público que se pronuncie sobre el órgano competente para conocer las querellas, dada la condición de aforados de Blasco y Castellano. "Atendiendo el carácter excepcional de las normas procesales que regulan la prerrogativa de aforamiento y la necesidad de concreción de los hechos respecto de las personas aforadas, se acuerda dar audiencia al ministerio fiscal a efectos de competencia en el plazo de cinco días", se dice en ambas providencias.

La recientemente creada Asociación Contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana se querelló el 14 de junio contra el consejero de Gobernación, Serafín Castellano y otras tres personas, entre ellas el empresario José Miguel Pérez Taroncher, al que supuestamente benefició con contratos. La querella se interpuso por supuestos delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La otra querella fue presentada por un particular el 19 de junio contra Blasco, un técnico (sin identificar) de la antigua Consejería de Territorio y Vivienda, otras cinco personas y el responsable legal de la empresa Hernández Mateu Río Verde, a quienes atribuye posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Blasco fue consejero de Territorio entre 2003 y 2006.

La denuncia la ha interpuesto un empresario y está relacionada con la concesión de una licencia a otro empresario y exconcejal de Masalavés (PP) para que abriera un salón de banquetes, según informe Europa Press.

Según la querella, Blasco firmó una de las licencias necesarias para la apertura de este salón de banquetes -ubicado en la carretera Cádiz-Barcelona, de Masalavés-. Se trataba de la Declaración de Interés Comunitario. Asimismo, la querella se extiende a parte del anterior equipo del gobierno de Masalavés (PP) por supuestamente conceder otras licencias de actividad para la apertura de este establecimiento.

Este mismo denunciante, vecino de L'Alcúdia, ya presentó una querella en el año 2006 también contra el entonces alcalde, Vicente Villalba, y un técnico municipal por presunta prevaricación, contra la ordenación del territorio y por conceder licencias manifiestamente ilegales.

En concreto, denunció que una empresa de la parcela vecina realizaba supuestos vertidos ilegales de escayola que perjudicaban a los terrenos colindantes, entre los que se encontraba su mercantil. También acusó al Consistorio de otorgarle a la primera entidad una ampliación de licencia de actividad supuestamente ilegal.

Inicialmente, el juzgado de Alzira archivó el procedimiento, aunque luego la Audiencia de Valencia le ordenó que incorporase una ampliación de la querella. Seguidamente, en 2010, el juzgado volvió a archivar al no ver delito en las licencias otorgadas por el consistorio.