Fianzas de 13,7 millones para Morenilla y Bernácer en el ‘caso Emarsa’

El juez del caso Emarsa, que investiga un agujero millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo, en Valencia, ha impuesto una fianza de 13,7 millones de euros para el exgerente y el exjefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), empresa pública de la Generalitat, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, respectivamente, imputados en el procedimiento.

El magistrado ha accedido de esta manera a las solicitudes que realizaron la fiscal del caso y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce de acusación. Así, fija esta fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse a lo largo de la investigación y ordena formar dos piezas separadas de responsabilidad civil.

Tanto Morenilla como Bernácer fueron imputados en el caso Emarsa a mediados de abril de 2012. Morenilla fue durante todo el periodo objeto de investigación (2004 a 2008) un cargo de máxima responsabilidad dentro del organigrama funcional de la Epsar; mientras que también, aunque en un escalón inferior, Bernácer ejerció las funciones de jefe del Departamento de Explotaciones del ente público.

El juez les imputó basándose, en parte, en las declaraciones vertidas en la fase de instrucción por el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; por el exinformático Sebastián García, conocido como Chanín; y por el exgerente, Esteban Cuesta. En concreto, el primero de ellos declaró que era “evidente” que "solo los señores Morenilla, Bernácer y Crespo (en referencia a Enrique Crespo, que presidía Emarsa y era alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia por el PP) disponían de los medios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida”.

Por su parte, Chanín indicó que tenía conocimiento, por palabras del propio Esteban Cuesta, de que existía un “fraude organizado” por Crespo, Morenilla y Bernácer, “que consistía en sobrevalorar el precio del lodo”. Asimismo, para imputar a Morenilla y a Bernácer, el magistrado tuvo en cuenta los apuntes aportados por las acusaciones. En concreto, la acción popular apuntaba “irregularidades” en la constitución de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del convenio de 2004, coincidentes en el tiempo con el periodo objeto de la investigación. El convenio regulaba las aportaciones que la Generalitat hacía a la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, SA (Emarsa), a través de la Epsar, para el tratamiento y aplicación agrícola de lodos generados en el funcionamiento de la depuradora de Pinedo.