“¿La nota la hago a nombre del PSC o de Lluïsa Bruguer?”

El Partit dels Socialistes (PSC) y Método 3 mantuvieron una fluida relación profesional entre 2009 y 2011. La formación de Pere Navarro encargó cuatro trabajos a la agencia de detectives por los que pagó 72.000 euros: barridos de seguridad en la sede central del partido y en la Diputación de Barcelona. Nuevos correos electrónicos y documentos a los que ha tenido acceso este diario revelan que, más allá de esos encargos, existía una relación fluida y continuada entre ambas partes. “¿La nota la hago a nombre del PSC o de Lluïsa Bruguer?”, consta en un correo entre una directiva y una trabajadora de Método 3, en septiembre de 2010.

El correo fue redactado apenas dos meses después de la comida que mantuvieron, en el restaurante La Camarga de Barcelona, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. El almuerzo fue grabado de forma ilegal con un micrófono oculto por trabajadores de Método 3. La juez sospecha que el PSC está detrás de la grabación y ha imputado a Lluïsa Bruguer, que es gerente y responsable de finzanzas de los socialistas catalanes. En la comida, Álvarez relató a Sánchez-Camacho los presuntos negocios ilícitos en el extranjero del primogénito del expresidente catalán.

La juez ve indicios de que la grabación “fue facturada” a los socialistas

Brugués declara hoy como imputada por revelación de secretos junto a otros tres extrabajadores de Método 3. El análisis de los ordenadores intervenidos en la sede de la agencia permite concluir, según un informe policial, que se trató de un encargo del PSC y que ese trabajo “fue facturado en su día al mencionado partido político”, según el auto judicial que autorizó el registro en la sede del partido para requisar el ordenador de Brugués. La juez quiere analizar ese ordenador para confirmar si el encargo se hizo desde allí.

El hilo que ha llevado al PSC son los correos electrónicos entre trabajadores de Método 3 y entre estos y responsables del partido. En la causa figuran, además, una serie de anotaciones en la agenda de Elisenda Villena, exdirectiva de la agencia de detectives que también está imputada.

El caso salió a la luz el pasado febrero y, ya entonces, diversos medios apuntaron al exsecretario de organización del PSC, José Zaragoza, como responsable del encargo. Él lo negó, aunque admitió que el partido había hecho cuatro encargos a una de las marcas con las que operaba Método 3.

La agenda de una exdirectiva, clave para llegar hasta la jefa de finanzas

Los documentos revelan la naturaleza y el importe de los trabajos encargados por el PSC. El primero de ellos, en noviembre de 2009, consistió en “la localización de posibles dispositivos de emisiones en despachos y salas de juntas” del partido y costó 1.600 euros. Ese mismo año constan dos trabajos más, que en realidad son el mismo fraccionado en dos pagos que rondan los 29.000 euros cada uno. El PSC quiso tener a su disposición un “estudio integral de seguridad” de su sede de la calle Nicaragua de Barcelona. El informe concluyó con una serie de recomendaciones por parte de Método 3. El último encargo conocido es de noviembre de 2011 y consistió en un barrido en la 9º planta de la Diputación de Barcelona; tras las elecciones municipales, eran los despachos que iban a o. El PSC pagó 2.700 euros.

Los contactos y alusiones de Método 3 al PSC abundan. Sobre si un encargo debe ir a nombre del PSC o de Bruguer, Villena responde a una trabajadora: “PSC merci y la pones en el expediente”. Sobre el barrido de la Diputación, un directivo de Método 3 escribe a esa misma trabajadora: “El expediente irá a nombre del PSC (...) Para facturar sólo en papel. Factura a nombre del PSC, calle Nicaragua. 2700 + IVA. No puede salir en ningún sitio la Diputación”. En octubre de 2011, Villena envía a la gerente un presupuesto para una encriptación de datos; un trabajo que, finalmente, no se realizó.

La juez ve “intolerables” las “escuchas entre partidos”

La juez que investiga el espionaje a Sánchez-Camacho denuncia, en el auto en el que acuerda la entrada y registro en Nicaragua, que “las escuchas ilegales entre diferentes partidos políticos resultan absolutamente intolerables en un estado democrático y contravienen la base misma del Estado de Derecho”. La magistrada, Elisabet Castelló, añade que se trata de un delito “grave” que, además, tiene “una indudable trascendencia social”.

El auto añade que la exdirectiva Elisenda Villena era la persona que “mantenía los contactos” sobre los encargos con la administradora general del PSC. De ahí la necesidad de “analizar los correos electrónicos” que Bruguer haya “podido remitir a Villena u otras personas relacionadas con Método 3”. El objetivo es encontrar pruebas de que el partido ordenó la grabación. La hermana de la exdirectiva, Anna Villena, es asesora jurídica del PSC y fue la puerta de entrada de Método 3 en el partido, según fuentes de la investigación.

La juez recuerda en su escrito que, pese a la entrada y registro practicada en la sede de la agencia, no han podido ser examinados todos los ordenadores. Algunos no se han encontrado y en otros casos, dado el tiempo transcurrido, es probable que muchos correos electrónicos “puedan haberse borrado”. “Ni siquiera se ha localizado el servidor de la agencia”, lamenta en su resolución.