El fiscal pide reabrir el caso del accidente del metro de Valencia
El ministerio público considera que hay hechos y datos nuevos que justifican la investigación
La investigación del accidente del metro de Valencia, en el que fallecieron 43 personas y resultaron heridas otras 47 al descarrilar un convoy en julio de 2006, no está agotada. La fiscalía de Valencia considera que el siniestro debe volver a investigarse porque “existen hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron”, y que pudieron afectar “al estado” de la unidad del metro siniestrada.
Por ello, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que deje “sin efecto” el archivo que dictó en febrero de 2008 y reabra el caso. Los hechos “podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional”, tantos como fallecidos y heridos hubo aquel 3 de julio, y “no estarían prescritos” en atención a las posibles penas —de cárcel e inhabilitación.
La fiscalía ha llegado a esta conclusión tras analizar las denuncias presentadas hace unos meses por el PSPV-PSOE y la asociación cívica Cercle Obert, que exponían nuevos datos y testimonios sobre el estado del convoy accidentado.
Las denuncias encauzaron hacia la vía judicial una creciente presión a favor de la reapertura del caso, tras la emisión en abril de un monográfico del accidente en el programa Salvados, de La Sexta, que reavivó el interés por el tema y atrajo a partir de ese momento a miles de ciudadanos a las concentraciones que celebra la asociación de víctimas el día 3 de cada mes para exigir responsabilidades políticas por el suceso y una investigación exhaustiva del mismo.
Los hechos podrían ser constitutivos de homicidio por imprudencia
Entre la documentación estudiada por la fiscalía está un informe en el que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reconocía un año antes del siniestro que las unidades de metro afectadas estaban al final “de su vida útil” y tenían “grandes problemas de mantenimiento” por la dificultad de encontrar repuestos. “Consideramos necesaria la renovación de estos trenes”, concluía este documento, que no se aportó a la investigación en 2006 y que hizo público la diputada de Compromís Mònica Oltra. FGV tampoco notificó que la unidad del accidente había sufrido descarrilamientos previos.
Las denuncias también llamaron la atención sobre testimonios en televisión y en documentales de trabajadores de FGV que cuestionaban el mantenimiento del metro. Además, los técnicos que declararon en 2006 en una breve comisión de investigación de las Cortes fueron aleccionados por una agencia de comunicación contratada por FGV para insistir en que el accidente fue inevitable y la única causa fue el exceso de velocidad del convoy.
La decisión de reabrir el caso está ahora en manos del juzgado. La asociación de víctimas recibió con satisfacción y “cautela” el anuncio de la fiscalía, mientras que la oposición al PP exigió una nueva comisión de investigación.
La oposición exige una comisión en Cortes
La solicitud de la fiscalía de que se reabra el caso del accidente del metro fue recibida con satisfacción por la oposición, que redobló sus exigencias de que las Cortes celebren una nueva comisión de investigación a la que se ha opuesto reiteradamente el Partido Popular.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, señaló que la decisión de la fiscalía “es un paso positivo hacia el camino de la verdad y la asunción de responsabilidades políticas de aquellos que durante este tiempo han estado lejos del dolor de las víctimas”. Puig incidió en que “lo que no puede continuar es dándose el silencio como respuesta, que es lo que ha venido haciendo el PP durante todos estos años”. El PSPV espera, además, que “más pronto que tarde se reabra la comisión de investigación” en las Cortes. El PSPV, que acudió a la fiscalía para que se reabriera la investigación judicial del metro, volverá a impulsar una comisión en las Cortes en septiembre.
Compromís confía en que “el juzgado reabra el caso para investigar aquellos documentos que no se vieron en la instrucción judicial porque se escondieron a la luz pública, como son los informes técnicos sobre el estado real de los trenes y en concreto el que sufrió el accidente del 3 de julio de 2006”, destacó la portavoz adjunta en las Cortes, Mònica Oltra. “Esperamos que finalmente se haga justicia en un caso en el que ha habido muchos intereses en que no se sepa la verdad y donde el PP ha impedido sistemáticamente que se cree una nueva comisión de investigación en las Cortes tras constatarse la manipulación de las declaraciones y la ocultación de documentos en la comisión que tuvo lugar en 2006”, subrayó Oltra.
La coordinadora general de EU y portavoz en las Cortes, Marga Sanz, también expresó su satisfacción “enorme” por el paso dado por la Fiscalía de Valencia. “Es lo que la sociedad valenciana estaba pidiendo en estos momentos. Y esperamos que en esta ocasión la justicia llegue hasta el final, se puedan conocer las razones del accidente, y se deriven las responsabilidades que correspondan”, afirmó Sanz, que aprovechó para “felicitar especialmente a la Asociación de Familiares de Víctimas del Metro por su incansable lucha”.
Ferrocarrils de la Generalitat Valencia (FGV) no tardó ayer en mostrarse “dispuesta” a colaborar con la justicia y a facilitar al juzgado “toda la información” que pueda solicitar.
En parecidos términos se manifestó el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, quien destacó su “respeto absoluto” por la petición de la Fiscalía al juzgado y prometió la “máxima colaboración” del Consell.
El PP ha rechazado en las Cortes una revisión de un caso que en su día se afanó por enterrar rápidamente. El expresidente Francisco Camps no llegó a recibir a las víctimas, y Alberto Fabra, aunque sí lo hizo, rechazó una nueva investigación con el argumento de que el asunto estaba “judicialmente cerrado”.
El PP fue el único partido que no se unió en el Congreso de los Diputados a una declaración institucional en apoyo de las víctimas y su reclamación de “explicaciones y responsabilidades” políticas por el grave suceso.
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