El PP da por hecho que la gerente se limitó a cumplir instrucciones políticas

La imputación de la gerente del PSC, Lluïsa Bruguer, ha caído como agua de cielo en la sede del PP catalán. Tras varios meses de vivir el caso como una pesadilla, la dirección popular ha acogido la decisión judicial como una primera victoria y ha exigido explicaciones inmediatas a Pere Navarro, primer secretario de los socialistas catalanes al dar por sentado que la gerente no actuó por iniciativa propia. Enric Millo, portavoz popular, ha dado por hecha la implicación del PSC en el caso y ha instado a Navarro a no "esconder la cabeza bajo el ala".

"Los imputados no actúan por libre y los responsables poltíicos que le dieron instrucciones tienen nombres y apellidos. Pere Navarro tiene que responder de forma urgente y dar la cara", ha señalado Millo en una conferencia de prensa convocada esta tarde. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, no ha comparecido. La senadora está indispuesta y, de hecho, esta mañana, ha tenido que suspender un viaje a Girona antes de que se conociera que los policías irrumpieran en la sede socialista".

En su breve discurso, Millo no ha pasado por alto que la conversación grabada ilegalmente entre la líder popular y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol, se produjo en julio de 2010 cuando en Cataluña gobernaba el tripartito de izquierdas, liderado por los socialistas, y el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, era ministro del Interior. "Navarro tiene que dar explicaciones y no estaría de más que Rubalcaba diera su versión sobre los hechos porque alguna cosa debe saber", ha afirmado. ¿Tienen ustedes sospechas sobre la implicación de José Zaragoza en el caso?, se le ha preguntado a Millo. Y ha contestado así: "No cuentan las nuestras. Las que cuentan son las sospechas de jueces y fiscales. Es la justicia la que apunta a los posibles delincuentes".

La cúpula popular ha querido mostrar su satisfacción por este giro de la instrucción y ha recalcado que la justicia ha puesto "en su sitio" a todos aquéllos políticos y medios de comunicación que han querido "desprestigiar, manipular o lanzar sombras sobre Sánchez-Camacho". Las dudas sobre la actuación de la popular surgieron después de que en junio llegara a un acuerdo en la vía civil con el jefe de Método 3 a través del cual concedía a los detectives el denominado perdón del ofendido a cambio de renunciar a las acciones penales y una indemnización de 80.000 euros.Dos exdetectives habían declarado ante la juez que la popular estaba al corriente de la grabación.

Esa decisión, criticada por miembros de la dirección, puso en riesgo la investigación penal que en todo caso continuó a instancias de la Fiscalía. La popular rectificó después intentando personarse de nuevo en la causa aunque la juez se opuso. En cualquier caso, Millo ha recordado que la investigación iniciada por la justicia se realizó a instancias del PP. El partido pidió entonces una comisión de investigación sobre el espionaje que CiU y Esquerra rechazaron. Sin embargo, si que deberá comparecer tanto la senadora como Zaragoza para dar explicaciones en la Cámara. "Los ciudadanos tienen que saber porque CiU, PP y Esquerra no quisieron que se creara esa comisión para aclarar la mayor trama de espionaje en Cataluña", ha concluido Millo.