El exinterventor pide a la Junta que le pague su defensa en el caso de los ERE

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez no es un imputado más del caso de los ERE. Desde que el verano pasado empezó a dilucidarse la rama política sobre por qué no se frenó a tiempo el procedimiento utilizado para pagar el fondo, Gómez destacó con sus metáforas del bombero que alertó a la Junta y fue ignorado. Pero sobre todo por sus duros ataques al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que acusó de haber “cebado” el fondo como responsable de Hacienda durante los años de vacas gordas.

Ahora ha vuelto a sacar los pies del tiesto y ha sido el único de los 20 altos cargos y funcionarios imputados por la juez Mercedes Alaya, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, que ha pedido a la Junta que le pague la defensa. La petición obliga al Ejecutivo a pronunciarse sobre un espinoso asunto, ya que la Administración figura como acusación particular y al mismo tiempo ha recurrido el auto de Alaya. Gómez, apoyándose en la normativa autonómica de 2000 que le otorga esta posibilidad, fuerza de este modo a la Junta a que se pronuncie sobre si le abonará la minuta de su letrado y así otorgarle relevancia a un asunto que ha provocado críticas a la Junta.

“El exinterventor ha hecho la solicitud y estará a disposición del gabinete jurídico. Pero como hay un recurso sobre el auto, de momento no habrá movimiento en este sentido”, subrayaron ayer fuentes del Ejecutivo. Estas fuentes destacaron que la imputación de los 20 altos cargos aún no es firme puesto que ha sido recurrida por la Junta ante la Audiencia de Sevilla, que debe respaldar o tumbar la masiva acusación de Alaya. De este modo, hasta que la Audiencia no se pronuncie la Junta no afrontará la patata caliente que le ha dejado Gómez. En tal caso, a la petición del alto funcionario le seguirá un dictamen de los servicios jurídicos de la Junta y una ratificación por parte de la Consejería de Hacienda, órgano del que depende Gómez.

Los servicios jurídicos contestarán previsiblemente a Gómez en consonancia con la opinión expresada por la consejera de Presidencia, Susana Díaz, sobre la polémica. Para Díaz, “lo razonable y lógico” es pagar la defensa a los altos cargos que resulten inocentes al final del proceso. Es decir, dentro de varios años. Ello a pesar de que el vicepresidente Diego Valderas dijo de manera tajante que “a nadie se le pagaría el abogado”. Si prosperara, la Junta abonaría la minuta de José Rebollo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y letrado designado por Gómez para defenderle.

La declaración del exinterventor está prevista para el próximo jueves, y estos días las partes del caso deben pronunciarse sobre la petición de que se suspenda que ha realizado la Junta hasta que se pronuncie la Audiencia. La comparecencia se prevé intensa y polémica, dado su papel esencial jugado entre 2000 y 2010. Gómez ha insistido a través de escritos en que la Intervención alertó hasta en 15 ocasiones a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda del procedimiento inadecuado utilizado para el fondo de los ERE. Y que según el reglamento no era posible emitir el informe de actuación que alertara del menoscabo de fondos públicos, un código rojo que, como descargo, la Junta alega nunca recibió.

Mientras, los imputados se mueven para designar los mejores abogados en esta compleja causa. La exministra Magdalena Álvarez ha contratado al famoso penalista Horacio Oliva, cuyo socio Ignacio Ayala ya conoce la causa porque defiende al empresario José Enrique Rosendo. Y tanto el viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano como el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera serán defendidos por el letrado madrileño José María Mohedano.