La ex diputada de Empleo sostiene que alertó de irregularidades en el ‘caso Bahía’

La ex diputada provincial de Empleo en Cádiz, la socialista María José Valencia, ha defendido este martes su inocencia en su declaración ante la jueza de instrucción número cuatro de Cádiz, Lourdes del Río, como imputada por las irregularidades en el reparto de ayudas a la reindustrialización a la bahía de Cádiz, que han supuesto la desaparición de 21 millones de euros y la detención e imputación de 31 personas. Valencia ha sostenido que siempre siguió los criterios de los técnicos y ha recordado que advirtió en un informe de la existencia de irregularidades en el proceso de reparto de ayudas, aunque desconoce por qué no fue atendido.

Valencia ha asegurado a las puertas del juzgado que afronta este proceso con calma. “Estoy bien, con la conciencia tranquila de que no he hecho nada de lo que se me acusa”, ha afirmado. La policía, en uno de los últimos informes de la Udyco incorporados al sumario, no cree su declaración ante sus agentes cuando reveló que apenas recordaba los expedientes de las subvenciones o que el gerente del Plan Bahía Competitiva (el órgano que distribuía las inversiones), Antonio Perales, solo se interesaba por los expedientes de las ayudas de forma ocasional. La investigación policial apunta a que ella, al igual que el resto de los miembros de la comisión evaluadora de las ayudas, contribuyó al desvío del dinero a empresas que después no desarrollaron los proyectos para los que recibieron el dinero público.

Valencia lo ha desmentido ante la jueza. En febrero de 2011 ella y el resto de técnicos de Diputación desoyeron las sugerencias de Perales para cambiar algunas baremaciones realizadas sobre proyectos ya presentados y avisaron a la Dirección General de Industria que proyectos vinculados a un mismo empresario, Alejandro Dávila Ouviña, se iban a llevar en la convocatoria de ese año el 32% de las ayudas previstas. También se señalaban dudas sobre la capacidad financiera de los inversores. A pesar de estas advertencias, los proyectos recibieron el dinero, aunque Valencia desconoce el motivo.

Este miércoles será llamado a declarar también el gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación, Teodoro Garrido, cuya vicepresidenta era la propia Valencia. Garrido acaba de ser despedido de su cargo por el presidente del organismo provincial, José Loaiza, por el PP, por la pérdida de confianza tras su imputación. También Valencia fue apartada del gobierno de Sanlúcar, donde tenía dedicación parcial y varias delegaciones, tras haber sido detenida por este caso. Todavía no ha devuelto su acta de concejal, aunque, desde entonces, no ha regresado al Ayuntamiento. La semana que viene está llamado a declarar el director general de Industria, Jesús Candil, el cargo de mayor rango del Ministerio en la etapa socialista que ha sido imputado en la causa.