La fiscalía pide siete meses de cárcel para Sánchez Gordillo y Cañamero

Si la Abogacía del Estado solicitaba el pasado jueves dos años de cárcel para el diputado andaluz de IU y alcalde Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y para el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, por la ocupación el verano pasado de la finca militar Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), este lunes la Fiscalía Superior de Andalucía rebajaba esa petición a siete meses. En su escrito de acusación, el ministerio público hace extensible esa pena de prisión para otros dos de los 54 imputados en esta causa por un delito de desobediencia grave. La Abogacía del Estado también pidió para los 50 imputados restantes un año y seis meses de cárcel.

Según el escrito, la fiscalía solicita para cada uno de los acusados dos multas: una de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble sin violencia o intimidación y otra de 100 euros por una falta de daños. Asimismo, pide la indemnización de 1.075 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 para el Consistorio de Osuna por los daños que fueron ocasionados, “sin una intención directa”, a consecuencia de la ocupación —daños cifrados en casi 800 euros y en 281 euros el valor de los objetos sustraídos—. Se les acusa de destruir un azulejo rústico que identificaba la finca, el candado, la cadena y el bastidor de la puerta de entrada, los candados de un pozo y hurtar varios utensilios de labranza.

El ministerio público ha propuesto para el juicio oral, aún sin fecha y que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al ser Sánchez Gordillo aforado, “diversa” prueba testifical y documental sobre la ocupación de la yeguada militar, que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

El pasado mayo, el juez instructor del TSJA —que atribuye a los imputados supuestos delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto— dictó un auto de procedimiento abreviado sobre esta causa que quedó en suspenso tras comprobar que faltaban diez personas por declarar, entre ellas el portavoz del SAT, quien finalmente compareció el pasado miércoles ante el alto tribunal andaluz, al que asistió detenido por haber desoído varios llamamientos de la justicia para que acudiera a prestar testimonio sobre lo ocurrido el verano pasado. En su comparecencia, el portavoz de los trabajadores eludió declarar. “No voy a venir, ni a este ni a ninguna llamada de ningún juez. Soy consciente y cargo con esa responsabilidad”, aseguró Cañamero a la salida de la sede del alto tribunal andaluz.

Una vez tramitadas esas diez comparecencias, el juez levantó la suspensión del auto de procedimiento abreviado, por lo que solo resta la apertura de juicio oral y su señalamiento, toda vez que ya se han pronunciado las partes.