Los dos años de Fabra en el filo de la navaja

Esta semana se cumplen dos años desde que Alberto Fabra fue designado por Génova para sustituir a Francisco Camps al frente de la Generalitat y del PP valenciano. Una llamada telefónica a Fabra el 20 de julio de 2011, mientras comía con su mujer en un restaurante italiano de Castellón, lo alertó de que Camps dimitía y debía prepararse para asumir la mayoría de Gobierno recién revalidada en las urnas.

Desde entonces, Fabra ha transitado por el filo de la navaja, obsesionado por no verse arrollado por los graves problemas financieros de la Generalitat y asfixiado por el aluvión de escándalos de corrupción que afectan al PP.

Cruzado el ecuador de la legislatura, el jefe del Consell se muestra moderadamente optimista respecto a la situación económica. La situación sigue siendo dramática pero Fabra parece estar convencido de que, tras el striptease contable realizado ante el Ministerio de Hacienda, el Gobierno no volverá a someter a la Generalitat a las tensiones financieras que en 2012 provocaron centenares de manifestaciones callejeras motivadas por los impagos y los recortes.

Cuando Alberto Fabra asumió el poder hace dos años, la tasa de paro era del 23,65%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Hoy la tasa es del 29,19%, casi seis puntos más. Si se observa el número de inscritos en las oficinas del paro, en julio de 2011 había 519.200 personas. Hoy hay 572.400. Y otros indicadores, como el crecimiento de la deuda pública de la Generalitat, que ha pasado de los 20.998 millones de euros del tercer trimestre de 2011 a los 29.037 del primer trimestre de este año tampoco dejan mucho margen al optimismo.

Desempleo y deuda se han disparado, pero se exporta más y hay más turistas

¿Qué empuja entonces a Fabra y a su Gobierno a construir un discurso en positivo? Fundamentalmente el comportamiento de las exportaciones, que en el último año han crecido un 10% —fundamentalmente gracias a la devaluación de los salarios— y el comportamiento del sector turístico, que ha registrado un aumento de pernoctaciones, viajeros y gasto realizado por parte de los extranjeros.

Pese a ello, en Presidencia son conscientes de que si el Gobierno no modifica de manera urgente el sistema de financiación autonómico para acercar la Comunidad Valenciana a la media estatal será muy difícil contrarrestar la idea de que Fabra pesa muy poco en el PP nacional. Los reveses públicos que ha recibido el jefe del Consell del Ministerio de Hacienda, que se negó a incluir una sola enmienda de la Comunidad Valenciana en los presupuestos generales del Estado de 2013 y que se muestra contrario a reformar el sistema autonómico de financiación antes de 2015, complican mucho el final de la legislatura. Tanto que el Consell ha centrado sus esperanzas en el déficit flexible y en el plan contra la morosidad para obtener del Gobiernos créditos suficientes con los que capear unas tensiones financieras insoportables.

La situación interna del PP, que inicialmente no pareció preocupar demasiado a un Fabra ungido por Rajoy, ha ido ganando espacio en la gestión de la Generalitat a medida que los escándalos de corrupción avanzaban su tramitación en los juzgados.

Montoro no ha dudado en torpedear las exigencias del Gobierno valenciano

Deseoso de cumplir con el mandato de Génova de barrer de corrupción el PP valenciano sin levantar demasiado polvo, Fabra ha comprobado cómo su política de tolerancia cero, consistente en apartar a cualquier cargo imputado, levantaba ampollas.

Fabra presume de haber apartado de la Administración valenciana y de la dirección regional del PP a un total de 15 cargos imputados en escándalos de corrupción. Sin embargo, las contradicciones han aflorado con toda intensidad al actuar contra el exconsejero Rafael Blasco, finalmente, apartado del PP por unas declaraciones contra el presidente del Consell y no por estar procesado en el caso judicial que investiga el saqueo de las ayudas a la cooperación.

Las matizaciones y la “excepcionalidad” del caso Blasco han creado un ambiente de confusión en el seno del PP, donde las voces críticas con la actitud del jefe del Consell han empezado a fluir, conforme se amontonan las imputaciones en casos de corrupción.

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, imputado por una contratación menor con Gürtel en su etapa de subsecretario de Sanidad, no oculta su malestar en público por el vacío al que le someten. La apertura de juicio oral contra las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such —a la primera la Fiscalía le pide 11 años de cárcel y el TSJ le reclama 636.500 euros de fianza por las contrataciones con Orange Market— ha abierto otra caja de Pandora, que Fabra no sabe todavía cómo cerrar. Y para terminar de arreglarlo una recién creada Asociación contra la Corrupción —que el PP ve inspirada por Blasco— ha denunciado al propio Fabra y se ha querellado contra el secretario general del PP y consejero de Gobernación, Serafín Castellano. Un elemento adicional que genera grave preocupación en el entorno de Fabra —alarmado por la posibilidad de que imputen a Castellano, ya cuestionado por amplios sectores del PP—.

Con la crisis económica de telón de fondo y la corrupción en primer plano, en el entorno de Presidencia no se descarta la posibilidad de un retoque en el Gobierno el próximo otoño con el objetivo de imprimir un nuevo ritmo al Ejecutivo valenciano. El propio presidente está preocupado por su falta de imagen, lo que le ha llevado a contratar un asesor personal para mejorar su imagen que pagará de su bolsillo tras la polémica creada al saberse que iba a cargar la factura a las arcas públicas.

Remoledación

Fabra ha tenido en apenas dos años tres cambios forzados en el Consell que heredó de Francisco Camps (las marchas de la vicepresidenta Paula Sánchez de León; el consejero de Economía, Enrique Verdeguer; y la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela) y una remodelación completa en diciembre del año pasado que le permitió reducir las consejerías de diez a 8 y construir un Gobierno conforme a sus intereses con la incorporación de otras tres personas de su confianza.

Sin embargo, el mes pasado, por sorpresa, Fabra remodeló el área de Presidencia para dar mayor protagonismo a Esther Pastor, actual secretaria autonómica de Coordinación, en detrimento del vicepresidente José Ciscar, al que se le informó de que desaparecían los delegados provinciales que dependían con anterioridad de su cartera.

Y no parece que sea esta vaya a ser la última decisión que adopte, con ayuda de un estrecho círculo de confianza que apenas integran media docena de personas. Con Francisco Camps ya amortizado, los sondeos a la baja y un escenario complejo, que no le ha ahorrado las críticas internas, Fabra parece decidido a dar un nuevo paso al frente. Tiene otros dos años para lograr sobrevivir al tsunami.