La defensa denuncia irregularidades en la instrucción del ‘caso Riviera y Saratoga’

La investigación sobre la presunta trama de corrupción policial en torno a los macroprostíbulos Riviera y Saratoga, en Castelldefels, fue un despropósito mayúsculo. La instrucción estuvo plagada de irregularidades que han vulnerado derechos fundamentales. Esa es la tesis que esgrimieron ayer los abogados de la veintena de acusados en el caso —mandos del Cuerpo Nacional de Policía, dueños de los burdeles, abogados y funcionarios— en un duro alegato contra la juez instructora.

La fiscalía considera acreditado, en cambio, que el comisario Luis Gómez y dos inspectores, junto a otros policías, brindaron protección durante seis años a los locales de Castelldefels. A cambio de dinero y regalos, los policías alertaban de las redadas a los empresarios para que pudieran esconder a las chicas que se encontraba en situación irregular en España o a las menores de edad. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo pide penas de hasta 44 años de cárcel para uno de los inspectores, que llegó a cobrar 3.000 euros mensuales por ofrecer su protección.

En la primera sesión del juicio, que se celebrará a partir de septiembre, las defensas pidieron que se declaren nulas buena parte de las actuaciones que sustentan el caso; por ejemplo, las intervenciones telefónicas, que en su opinión no están motivadas. A su juicio, las deficiencias de la instrucción, dirigida por la magistrada Elisabet Castelló, han vulnerado “derechos fundamentales” de los acusados. La juez firmó prórrogas del secreto de sumario fuera de plazo o en días festivos en los que no estaba de guardia, entre otras irregularidades.

“Es una mezcla de Almodóvar y Torrente”, dijo Fuster-Fabra

Olga Tubau, abogada del inspector José Javier Martín, alias Jordi, denunció que los agentes de Asuntos Internos llevaron a cabo una “investigación paralela” sin conocimiento ni control de la juez, que culminó con un informe incriminatorio. Según la letrada, Jordi no coaccionó a los empresarios, sino que trató de “infiltrarse” para investigar sus relaciones con agentes policiales. Para elaborar ese documento, remachó el abogado José María Fuster-Fabra, los policías tomaron declaración como testigos a clientes de los prostíbulos. Pero en lugar de hacerlo en comisaría, lo hicieron en una sala del hotel Majestic, en el centro de Barcelona. El informe Gata propició una serie de pruebas que, según las defensas, están “viciadas” porque se obtuvieron de forma ilícita. “Es una mezcla de Almodóvar y Torrente”, dijo Fuster-Fabra.

Los abogados también pusieron en duda la credibilidad del principal testigo de cargo en el caso, el confidente policial Manuel Gutiérrez Carbajo. Los letrados recordaron que Carbajo está imputado por tráfico de drogas en una causa sobre corrupción policial en la que también está imputado Antoni Salleras, el mando de los Mossos d’Esquadra que dirigió la investigación del caso Riviera y Saratoga. El confidente que dio el soplo era el intermediario de los pagos de los amos de los burdeles —cerrados desde 2009 por orden judicial— a los policías.