La justicia confirma el derribo de una fábrica ilegal en la Red Natura

El alcalde del PP le dio licencia municipal pese a que había un informe contrario de la Xunta; el del PSOE, que lo sucedió, intentó sin éxito anular esa autorización y el del AGE, que gobierna ahora, recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una sentencia de un tribunal que ordenaba el derribo de una empresa hormigonera ilegal y contaminante. “Esto es la provincia de Ourense”, resume el demandante, Jaime Núñez, el periplo político y judicial que mantiene activa desde el año 2007 una fábrica contaminante ubicada en Red Natura en el municipio de Manzaneda.

Hormigones Álvarez está incrustada en una de sus partes en la Red Natura y fue declarada contaminante por la Consellería de Medio Ambiente en 2007. Pese a ello, el alcalde popular José Hervella la bendijo aquel mismo año con una licencia municipal declarada ilegal posteriormente por un juzgado. Ahora que el alto tribunal dicta una sentencia firme desestimando el recurso del propietario y del Ayuntamiento contra el fallo anterior que obligaba ya al derribo el periplo, lejos de diluirse, se inflama y sigue su curso.

La fábrica, enclavada en A Corredoira, contamina el soto de castaños que hay bajo ella. Lo repiten los vecinos y lo reconoció Medio Ambiente cuando Núñez, que tiene una vivienda a pocos metros de la hormigonera, recurrió a la Xunta para intentar paralizar la construcción de la fábrica. No lo consiguió, con lo que acudió a la vía judicial harto de enviar escritos al Ayuntamiento. El regidor le concedió a la empresa la licencia provisional y la definitiva “en apenas 15 días”. Núñez se fue de cabeza al juzgado: “¡Hervella concedió una licencia a sabiendas de que era ilegal!”, exclama.

El juez le dio la razón al demandante y ordenó el derribo. Pero la fábrica siguió en activo. Ante el anuncio del empresario local José Luis Álvarez Diéguez de que pediría una indemnización de más de un millón de euros al Ayuntamiento por el daño ocasionado por aquella licencia ilegal, el regidor actual, David Rodríguez (AGE), decidió ir de su mano al TSXG para recurrir la sentencia. “Si le pagábamos el millón de euros hipotecábamos el Ayuntamiento por 20 años”, explica Rodríguez su decisión.

Por eso la sentencia firme del TSXG no pone ni siquiera ahora el punto final al largo periplo de la empresa, aún cuando el demandante anuncia que vigilará el estricto cumplimiento de los plazos del derribo (el tope es septiembre) para “actuar en consecuencia” si se incumplen. El regidor nacionalista reconoce que la licencia “estuvo mal dada” pero anuncia que, para evitar el desahucio municipal, intentará llegar a un acuerdo con Medio Ambiente para “encontrar la forma de suprimir la parte de la fábrica que está en zona de Red Natura” y conseguir así legalizarla. Tendrá que hacerlo después de que el Ayuntamiento haya gastado cerca de 20.000 euros de los 40.000 de los costes del recurso. “Una burrada, sí”, admite el alcalde.