El PSOE llevará a la Inspección de Trabajo los casos de enchufismo en la Zona Franca

La Zona Franca de Cádiz no ha podido aportar al representante del PSOE en el pleno del Consorcio, Francisco González, ningún documento que muestre la oferta pública de empleo, las autorizaciones del Ministerio de Hacienda o los criterios seguidos a la hora de realizar nuevos contratos en este organismo público estatal. Los socialistas ya habían advertido de que, salvo que estos fichajes contaran con estos requisitos administrativos, se había vulnerado la ley de presupuestos de 2012 y 2013 que impide nuevas incorporaciones. El PSOE denunciará estos casos de supuesto enchufismo, ya que todos tienen vínculos con cargos del PP, a la Inspección de Trabajo.

La alerta del PSOE saltó cuando, tal y como publicó EL PAÍS la semana pasada, un ex abogado de la Zona Franca, Javier Sánchez Quintero, denunció ante la Inspección de Trabajo la irregularidad de algunas prácticas realizadas por los responsables del Consorcio que acababan de despedirle. Entre ellas, señalaba la incorporación de nuevos fichajes a pesar de que, debido a los ajustes decididos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la ley de presupuestos generales del Estado impide desde 2012 este tipo de nuevas contrataciones. Entre los nombres, destacaban el de Jesús de Sobrino, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz; el portavoz del PP de Lebrija, Javier Monge, o la mujer del ex jefe de prensa de Teófila Martínez, Inmaculada Velázquez. Todos ellos fueron incorporados a sociedades del Consorcio.

El PSOE recuerda que la ley de presupuestos recoge contadas excepciones para realizar estas contrataciones, como el visto bueno del Ministerio de Hacienda y la existencia de una oferta pública que garantice la igualdad de oportunidades en la selección del personal. Por eso, tras el ofrecimiento del delegado de la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, el representante socialista ha acudido este lunes a la sede del Consorcio, donde ha sido atendido por el propio Ramos y ha accedido a parte de la documentación requerida. Sin embargo, tal y como temía, la Zona Franca no ha aportado la documentación que avalaría la legalidad y transparencia de esos contratos. “Lo que está claro es que ha habido un procedimiento opaco e irregular”, ha sentenciado González tras salir de la reunión.

El delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, explicó días antes y ha trasladado este lunes al portavoz del PSOE que los contratos son legales porque todos ellos son temporales y no requieren de las mismas exigencias burocráticas de los indefinidos. También ha revelado que existe una bolsa de empleo, aunque no pudo o no quiso aportar a González los criterios exigidos para incorporarse a esos potenciales contratados. Todos estos datos, que serán exigidos por escrito a la Zona Franca, serán llevados a la Inspección de Trabajo, donde ya está la denuncia del ex abogado Javier Sánchez Quintero.

El PP ha contraatacado asegurando que ni el 10% de los contratos heredados por Ramos del anterior delegado, el socialista José de Mier, se firmaron siguiendo requisitos de méritos, capacidad e igualdad. La diputada Ana Mestre ha anunciado que también requerirá información sobre contratos de la etapa del PSOE. Los socialistas no temen esta solicitud porque, recuerdan, que la ley de presupuestos que impedía estos nuevos contratos era de 2012 cuando el PSOE ya no gobernaba. “Si hay irregularidades anteriores, que también se denuncien”, ha resuelto Francisco González.

Estas denuncias han provocado este lunes un conflicto protocolario porque el representante socialista intentó acceder a la Zona Franca junto a la diputada del Congreso Mamen Sánchez, a la que no se le ha permitido la entrada. El delegado Jorge Ramos se lo ha prohibido porque, al no ser miembro del pleno y sí de la Cámara Baja, debe ser allí donde tramite sus solicitudes de información. “Muy nerviosos han de estar cuando impiden el acceso a un organismo público a una representante del pueblo”, ha lamentado Sánchez.