La Xunta pretende legalizar un gran vertedero del AVE en un bosque
Medio Ambiente obvia denuncias en Vilar do Barrio por los daños a un río y a un área protegida
Las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad a Galicia perforan montañas, arrasan manantiales de agua o siembran de grandes viaductos los valles más vírgenes de las montañas del oriente ourensano. Y también ocupan montes con vertederos ilegales. En medio de un frondoso bosque enclavado entre las aldeas de San Pedro de Maus, Porto y Alemparte, en el ayuntamiento de Vilar de Barrio, un vertedero ilegal de 20.000 metros cuadrados y hasta 25 metros de altura ocupa tierras de varios vecinos, uno de ellos empleado de la Diputación de Ourense. Un montículo artificial casi tan grande como tres plazas del Obradoiro formado por decenas de miles de metros cúbicos de escombros procedentes de las obras ferroviarias que ejecuta la UTE Dragados-Tecsa.
El vertedero lleva un año perturbando el paisaje, pero no fue hasta el pasado 31 de mayo cuando el Ayuntamiento de Vilar de Barrio (PP) inició la exposición pública del expediente de autorización autonómica para un “depósito provisional de tierras”. Semanas antes, la junta de gobierno municipal intentó (sin éxito) conceder licencia a la escombrera saltándose varios trámites y la autorización que actualmente prepara la Xunta. Un informe determinante que la Administración gallega redacta obviando las denuncias presentadas ante la Consellería de Medio Ambiente, que no ha respondido a los escritos registrados hace meses por la plataforma ecologista Ríos Limpos en los que se destapan efectos adversos a un curso fluvial y la destrucción de bosque autóctono protegido.
Con la escombrera en medio del bosque desde hace un año, un apoderado de la UTE Dragados-Tecsa iniciaba en abril la tramitación administrativa necesaria para su legalización. Al mes siguiente, un arquitecto de Xinzo de Limia actuando como técnico municipal de Vilar de Barrio, solicitaba una fianza de 3.000 euros e informaba favorablemente del proyecto de ocupación de las parcelas presentado por la empresa. Sin embargo, en el expediente administrativo se omite la existencia de las denuncias que revelan ilegalidades. “Nuestra función no es vigilar todas las irregularidades urbanísticas que se comenten en el municipio”, asevera un funcionario consultado. Mientras, algunos vecinos de Vilar de Barrio denuncian trabas para acceder a la información que rodea la legalización del montículo de escombros. Este diario ha comprobado como el Ayuntamiento se negó a entregar documentación a un vecino y se limitó a proporcionarle una fotocopia sellada del anuncio publicitario de inicio de exposición pública contratado únicamente en un periódico.
El regidor baltarista y diputado provincial, Julio Pérez, explica que no concedieron licencia alguna “porque están a la espera de un informe de la Xunta que lo autorice”. Descarta cualquier reclamación a la adjudicataria de las obras a pesar de haber ocupado terrenos ilegalmente “porque la empresa está pagando bastante más de lo que valen”. “La mayoría de los vecinos afectados por las obras están contentos porque les compran tierras que no valen ni un duro y que no usan para nada. No sé quién denunció pero siempre hay algún insaciable que no está de acuerdo. Imagínese que en otro caso llegaron a denunciarme a mí como alcalde cuando realizamos la concentración parcelaria”, asegura el regidor. También explica que no iniciaron expediente sancionador alguno contra la empresa porque es “un ayuntamiento pequeño sin recursos”. “No tenemos personal para vigilar todo lo que pasa en todos nuestros montes”, añade.
En la documentación presentada por la empresa para ocupar con escombros suelos rústicos de protección forestal y agropecuaria se explica que “es necesario disponer de vertederos adicionales para albergar los excedentes de las obras de caminos de acceso, emboquilles y túneles”. También detalla la adopción de medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno natural a través de corrientes de agua y el revestimiento del vertedero con una capa de tierra vegetal. La memoria especifica que, una vez finalizadas las obras, la UTE deberá devolver las parcelas a su estado original, revertiendo los terrenos a sus propietarios tras revegetarlos. Sin embargo, los ecologistas de Ríos Limpos tienen claro que “nunca volverán a su estado original por la dejadez de las Administraciones implicadas, que hacen caso omiso a las leyes medioambientales”.
Ríos Limpios atribuye el inicio del proceso de legalización a las quejas vecinales y a las denuncias presentadas ante la Consellería de Medio Ambiente, el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil “para garantizar la protección del medio ambiente y de la seguridad” porque la escombrera “pone en peligro la salud humana”. Los ecologistas muestran su preocupación por los reiterados incumplimientos de la legislación en cuanto a la protección del patrimonio natural a través de modificaciones de los proyectos técnicos aprobados inicialmente por el Ministerio de Fomento con los que las empresas “solo buscan ventajas económicas”. No es la primera vez que destapan destrozos en Vilar de Barrio. En mayo de este año desvelaron la destrucción de un bosque centenario de 12.000 metros cuadrados para la construcción de una pista de acceso a las obras.
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