PNV y PP defienden flexibilizar las infracciones de los altos cargos

Tras cuatro ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, los grupos parlamentarios han puesto sobre la mesa los cambios que quieren imprimir en la proposición de ley del PSE sobre la conducta de los altos cargos vascos —consejeros, viceconsejeros, directores y asesores— y su régimen de incompatibilidades. Entre ellos, PP y PNV plantean dividir el sistema de infracciones en función de la gravedad de la falta y fijar su prescripción en función de la importancia de estas, una cuestión que el PSE no jerarquiza.

Nacionalistas y populares plantean que la inhabilitación mínima que se pueda imponer a un cargo público que haya cometido una infracción sea de cinco años, un mínimo que los socialistas no recogen en su propuesta —señalan el máximo, diez años—. Pero, para ello, será necesario que las infracciones que puedan cometer los altos cargos no prescriban antes. El PNV y el PP plantean flexibilizar la norma que plantea el PSE, de no prescripción hasta tres años después.

Así, los nacionalistas reclaman que las graves prescriban a los dos años y las muy graves a los tres años, exactamente igual que una ley de 1998. El PP también establece una escala, pero eleva a cinco años las más graves y baja las leves a un año. UPyD es el único que pide que todas las infracciones no prescriban hasta cinco años después. La razón esgrimida por este último es que tres años es un lapso de tiempo que “favorece la impunidad por ser menos de una legislatura”, lo que deja en manos de sus afines la investigación.

En términos generales, los partidos asumen como necesario actualizar la normativa sobre incompatibilidades, que se retrotrae a 1983, y admiten que los altos cargos no sean contratados en empresas con las que tuvieron relación directa cuando ostentaban el cargo hasta dos años después del cese —de lo contrario, la empresa quedaría fuera de toda contratación pública— y que no decidan sobre empresas en las que estuvieron hasta dos años antes de su nombramiento —UPyD pide que sean cinco—. Asimismo, respaldan el aumento del control de cargos y excargos.

Pese a esta sintonía de fondo, al PNV, que ha presentado 57 correcciones a un texto de 27 páginas, no le gusta ni el título de la futura ley ni su exposición de motivos, que reescribe completamente. La propuesta socialista, trabajada por el Gobierno de Patxi López, no salió adelante por el adelanto electoral, una suerte similar a la que corrió el texto en el que se basa, un proyecto de ley del Gobierno de Juan José Ibarretxe de 2007. A la tercera, si todo va bien, Euskadi tendrá su ley, ya que se ha habilitado el mes de julio en el Parlamento entre otras cuestiones para debatir a puerta cerrada las enmiendas de esta proposición de ley.

El PNV rechaza cualquier mención a las diputaciones y los ayuntamientos en la futura ley —la propuesta socialista les incluye en cuestiones de conducta, pero no en las sanciones porque dependen de otras normas— y critica la propuesta socialista de crear una oficina de conflictos de intereses que se encargue de analizar la documentación e investigar posibles incompatibilidades. Reclama que sea un servicio dependiente de Función Pública el que lo haga.

Todos aceptan que un alto cargo no pueda decidir sobre empresas propias —la ley les permite tener el 10% en algunas y solo UPyD pide limitar ese porcentaje— o de amigos y familiares. PNV y PP proponen elevar del segundo al cuarto grado de consanguinidad —alcanzaría a primos, etc.— el límite en el que se tienen que hacer a un lado para no incurrir en una infracción. Sobre la exclusividad en el cargo, PSE, PNV y PP coinciden en que se pueda compaginar cargos en el Ejecutivo con concejalías y alcaldías de menos de 50.000 habitantes. EH Bildu, que centra sus propuestas en los principios de conducta, es tajante y pide prohibir cualquier compatibilidad.