La fiscalía indagará hasta el final quién ordenó el espionaje a Sánchez-Camacho

¿Quién ordenó espiar a Alicia Sánchez Camacho? La pregunta del millón está cada vez más cerca de tener una respuesta certera. Tras un intenso debate jurídico que ha cruzado el puente aéreo, la fiscalía ha concluido que quiere llegar hasta el final y averiguar quién encargó grabar, con micrófono oculto, un almuerzo que la líder del PP en Cataluña mantuvo con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga de Barcelona en julio de 2010.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado el visto bueno al informe de los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez y Fernando Bermejo, que pidieron seguir adelante con las pesquisas pese a que Camacho se apartó de la causa. Hace casi dos semanas, la diputada llegó a un pacto con Método 3, la agencia de detectives que grabó la comida por encargo de un tercero cuya identidad, por ahora, no ha trascendido. Camacho retiró la demanda por injurias y calumnias a cambio de 80.000 euros y de que la agencia aceptara su responsabilidad. Pero también se apartó como acusación particular en la causa penal abierta para dirimir el presunto caso de espionaje.

La decisión de la popular despertó las críticas de la oposición —que la acusó de urdir un “pacto de silencio”— y puso en un brete la investigación, que por ahora sigue abierta con la imputación de responsables y extrabajadores de Método 3. El delito de revelación de secretos es semipúblico y el “perdón del ofendido” (que Camacho otorgó) extingue, en principio, la responsabilidad penal. Pero hay excepciones. Por ejemplo, si el caso afecta al “interés general”. Los fiscales anticorrupción opinaron que sí, dado que Camacho es, además de diputada, senadora y miembro, por tanto, de una alta institución del Estado.

La tesis de Sánchez Ulled y Bermejo se ha impuesto finalmente gracias al plácet de Torres-Dulce, que la ve “ajustada a derecho”. Los fiscales presentarán hoy su informe a la juez. Según fuentes judiciales, hay altas probabilidades de que esta decida seguir adelante con las pesquisas para llegar hasta el final. Y el final de la historia no anda muy lejos: la Policía dispone ya de una hipótesis sólida sobre quién encargó el espionaje político y han remitido un avance de su informe a la fiscalía, que a su vez ha solicitado una aclaración de ese escrito, según las mismas fuentes. El caso sigue bajo secreto de sumario.

La renuncia de Camacho a conocer quién ordenó espiarla, pues, no servirá para ocultar ese dato. En febrero, cuando salió a la luz que la conversación de la líder popular y Victoria Álvarez había sido grabada de forma ilegal, El Mundo apuntó al exsecretario de Organización del PSC, José Zaragoza, como la persona que encargó el trabajo. Tras ser detenidos, sin embargo, los detectives de Método 3 -con su jefe, Paco Marco, a la cabeza- subrayaron que  personas del PP e incluso la propia Camacho estaban al corriente de todo. En los últimos días, han circulado por las redes sociales fragmentos comprometedores de la cinta.

Ciutadans, al alza en los últimos sondeos, confía en aprovechar la caída de populares y socialistas

Los últimos sondeos electorales vaticinan la victoria de ERC en detrimento de CiU y la caída porcentual tanto del PSC y del PP. Ciutadans es uno de los que más se beneficiaría de ese desplome y, ayer, Albert Rivera, líder de la formación, presumió de que en la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) casi están empatados con los populares y los ecosocialistas. En un almuerzo en el Fórum Europa, Rivera subrayó que están a dos puntos de convertirse en tercera fuerza e invitó a populares, socialistas y a convergentes contrarios al soberanismo a respaldar su propuesta.

Ciutadans quiere aprovecharse tanto del desgaste que está sufriendo el PP como la languidez de los socialistas. “No nos conviene que al PSC le vaya mal y el PP se debe centrar”, afirmó. Su política económica se basa en no subir impuestos y en teoría y sobre el papel no dista mucho de la del PP. Entre otras cosas, planteó que los 300 millones que la Generalitat prevé recaudar con el impuesto de sucesiones sirvan para rebajar el tramo del IRPF autonómico para aliviar a las clases medias. Rivera afeó al Gobierno de Rajoy su aparente pasividad en el proceso soberanista y recordó que el último pueblo catalán de la frontera con Francia sigue siendo España. “Somos igual de españoles los que vivimos en Barcelona como los que viven en el Paseo dela Castellana”, zanjó.