El abogado del poder

La asesora jurídica del proyecto expresó su “agradecimiento” a la Administración por haber acelerado la tramitación al declararlo Actuación Territorial Estratégica. Fue en enero, cuando Rosa Vidal, directora del área de Derecho Público del bufete Broseta Abogados ya era públicamente la candidata a dirigir Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

El proyecto, un resort comercial y de ocio en Paterna denominado Puerto Mediterráneo, que prevé la urbanización de 300.000 metros cuadrados de “superficie bruta alquilable”, fue presentado oficialmente el 19 de junio, con la presencia de los responsables del fondo británico que lo promueve y la asistencia del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Rosa Vidal, ya directora general de RTVV, estaba sentada en primera fila.

El macroproyecto de Paterna, una iniciativa que evoca los pelotazos de la época de la burbuja, es la más reciente, y tal vez la más espectacular, de las gestiones del bufete que dirige Manuel Broseta Dupré (Valencia, 1967), que casi al mismo tiempo se ha convertido en presidente del Consejo Social de la Universitat de València, cargo en el que sucede al notario Carlos Pascual, y hace solo un mes asumió también la presidencia del lobby empresarial Conexus, que potencia las relaciones del eje Madrid-Valencia.

La emergencia de la figura pública de este abogado, hijo del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont, asesinado por ETA en enero de 1992, se produce tras una trayectoria ascendente de su despacho al calor del poder político del PP en las instituciones valencianas. Broseta Abogados, heredero del despacho que fundó el malogrado catedrático y político (llegó a ser el líder in pectore de la derecha valenciana en la búsqueda de una alternativa al gobierno socialista en la Generalitat), cuenta con una docena de socios y una nómina de sesenta letrados, y combina la especialización mercantil y administrativa.

Es también el nuevo presidente del Consejo Social de la Universitat

Lo que el propio despacho jurídico califica como “proyectos empresariales de envergadura” centra el interés de Broseta Abogados, que, según su propia presentación profesional, participa en “el análisis jurídico y el diseño de este tipo de proyectos tanto desde el punto de vista del asesoramiento a la propia Administración Pública como del asesoramiento a las empresas interesadas”. Una lectura menos amable procedente del sector indica que las empresas que buscan facilidades de la Generalitat para instalarse en territorio valenciano son dirigidas al despacho de Broseta, un abogado a quien la amistad con el expresidente del Consell Francisco Camps deparó cada vez más oportunidades de negocio pese a que su relación ya era estrecha con el Consell en la época de Eduardo Zaplana. De la proximidad a Camps da idea el episodio protagonizado por el abogado cuando promovió en 2004 un manifiesto de la Fundación Broseta secundando al Consell contra la utilización de la fórmula “valenciano/catalán” para designar la lengua propia en el ámbito estatal e internacional.

Entre los años 2005 y 2011, el despacho de Broseta logró 91 contratos con la Generalitat por un volumen cercano a los 2,5 millones de euros. Solo en 2006, facturó casi medio millón de euros a la Generalitat, 235.000 euros en 2011, a menudo, por encima de despachos como Garrigues o Cuatrecasas. Aprovechó a fondo los tiempos de bonanza para el asesoramiento en un área, la del sector público empresarial, de la que desde finales de 2012 es secretario autonómico su hermano, Bruno Broseta, cargo al que accedió desde la anterior secretaría autonómica de Industria, Comercio e Innovación.

La directora general

Se da la circunstancia de que consejos de administración de empresas autonómicas como Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (Ciegsa), una sociedad colapsada por la ingente deuda que ha acumulado; o Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, que gestiona el circuito de Cheste y organiza la prueba de fórmula 1 en Valencia, sientan en sus consejos de administración a ambos hermanos. En efecto, Manuel Broseta, en sus funciones de asesoramiento jurídico, es vicesecretario de consejos de administración de firmas privadas como Vossloh España, pero también secretario de empresas públicas que se sitúan bajo la competencia de su hermano Bruno.

El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco ha apuntado alguna vez la posible incompatibilidad de esa situación, por ejemplo al encargarse a Broseta Abogados el asesoramiento jurídico en la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en el Instituto Valenciano de la Vivienda, dentro del plan de reestructuración del sector público empresarial y fundacional. Blanco denunció otro posible conflicto de intereses al desvelar que la empresa adjudicataria de la discoteca de L’Umbracle, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ocio y Entretenimiento Costa Este, SL, tiene entre sus socios a Manuel Broseta, a través de la sociedad Explotaciones de la Sierra Mariola, SL, que es de su propiedad.

Mantuvo una estrecha relación con Camps y antes con Zaplana

El propio Broseta ha calificado siempre de “errónea” la creencia de que su despacho, que alcanzó la cifra más alta de negocio en 2010, con una facturación global de 13,2 millones de euros (en 2011 bajó a 10,5 millones), se nutre mayoritariamente de trabajos para el sector público. Unos trabajos en ámbitos tan diversos como la consultoría o evaluación externa de proyectos de cooperación al desarrollo, que le llevó entre 2008 y 2010 a formar una UTE con la firma Caaz, de Luis Castel Aznar, imputado en el fraude de las ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que ha acabado con el procesamiento de su extitular, Rafael Blasco.

“La facturación no llega al 10%, incluyendo todas las administraciones y las empresas públicas”, afirmaba Broseta de los contratos con las instituciones en una entrevista al diario Levante en 2006. Era la época de las vacas gordas. Ahora, con las graves dificultades económicas que atraviesa, la Administración autonómica ha restringido el recurso a despachos profesionales, hasta el extremo de que en 2012 se estableció un convenio para que la Abogacía de la Generalitat se hiciera cargo del “asesoramiento en Derecho y la representación y defensa en juicio”, tareas por las que las empresas públicas habían gastado cientos de miles de euros en bufetes privados hasta ese momento.

Su hermano Bruno es secretario autonómico del Sector Público

No deja de ser público, sin embargo, aunque no provenga de una institución política, el contrato que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) firmó con Broseta para asesorar la intervención del Banco de Valencia. Algo que le ha deparado críticas al abogado, a quien recordaron, en medio de la batalla por el control de la participada Aguas de Valencia, que representó en ella los intereses de la francesa Suez, propietaria a su vez de la competidora Aguas de Barcelona. Broseta, de madre francesa, tiene un hermano, Pablo, que es cónsul honorario de Francia en Valencia.

En todo caso, al referirse a su división de derecho público, Broseta habla de “administraciones” porque su actividad no se restringe a la Generalitat. Rosa Vidal, por ejemplo, no sólo dejó encarrilado el macroproyecto comercial de Puerto Mediterráneo cuando saltó a la dirección general de RTVV, sino que abandonó los consejos de administración de dos empresas del Ayuntamiento de Paterna, Sociedad Municipal de Gestión y Servicios de Paterna (Gespa) y Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa), donde asesoró por encargo del alcalde Lorenzo Agustí, del PP, en nombre de Broseta Abogados, sendas operaciones de reestructuración de plantilla y un concurso de acreedores. A RTVV ha acudido Vidal con la misión de gestionar la privatización de la programación de la cadena pública. En su equipo directivo ha incorporado a Beatriz Montes como directora de Servicios Corporativos, y a Concepción Gómez, como subdirectora de Desarrollo Profesional. Ambas proceden del despacho jurídico valenciano mejor sintonizado con el poder.