Ciscar no descarta la expulsión de Rafael Blasco del PP

La cúpula de los populares valencianos no descarta la expulsión del partido del diputado Rafael Blasco tras unas declaraciones en 13 TV en las que cuestionó el comportamiento del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Blasco, exconsejero y exportavoz parlamentario, está procesado en el Tribunal Superior de Justicia por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de fondos públicos destinados al Tercer Mundo. Una situación que ha llevado a la propia Generalitat, personada como acusación, a pedir una pena de 11 años de cárcel y 31 años de inhabilitación para Blasco.

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Ciscar, tachó este viernes de “muy graves” las afirmaciones de Blasco en las que acusaba al Gobierno valenciano de influir en la petición de la Abogacía de la Generalitat. “Podría llegar a la expulsión del partido”, indicó Ciscar un día después de que Fabra promoviese la apertura de un expediente disciplinario.

“El Consell solo decide si se persona o no en una causa y en que condiciones, civil o penal”, argumentó el portavoz del Ejecutivo, “a partir de ahí, la Abogacía de la Generalitat actúa con independencia y profesionalidad”.

“Decir que el Gobierno influye sobre la Abogacía de la Generalitat es una falta de respeto y falta a la verdad”, recalcó el portavoz.

“En el caso Cooperación”, prosiguió Ciscar, “la Abogacía ha actuado con total objetividad y aplicando criterios jurídicos y, si han decidido hacer una serie de actuaciones, tendrán sus razones”.

Para el vicepresidente del Consell, las irregularidades detectadas en la gestión de las ayudas a la cooperación han generado una especial alarma social, razón por la cual la Generalitat decidió personarse por vía penal, igual que ha hecho en el caso Emarsa.

El PSPV ve hipocresía

Desde el PSPV, el secretario general Ximo Puig expresó su sorpresa con el anuncio de que Fabra se plantee ahora sancionar a Blasco “por denigrar la imagen del PP, mientras que por robar no hay problema”.

Por otra parte, el juzgado de lo Social número tres de Valencia declaró insolvente a la Fundación Hemisferio —investigada en el caso Cooperación—, que adeudaba 5.825,39 euros a una extrabajadora del centro por el despido, los intereses y las costas.