El BNG exige una investigación interna en la Xunta sobre la Operación Bebé

"Ante este trágico escándalo que está provocando alarma social es preciso que tanto el Servizo Galego de Saúde como la Consellería de Traballo e Benestar, encargada de las adopciones, aclaren si es cierto que desde el Servizo de Menores de la Xunta en Lugo se retiraron niños y niñas para dar en adopción basándose en informes subjetivos o que no existían". El Bloque Nacionalista Galego publicó ayer un comunicado en el que anuncia que exigirá a la Xunta una investigación interna y que dé explicaciones sobre la llamada Operación Bebé, unas pesquisas que actualmente lleva adelante el Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo y que intentan desentrañar supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes de desamparo, acogida y adopción de niños muy pequeños presuntamente por parte de funcionarios públicos.

La nota, firmada por la portavoz del BNG en A Mariña, Ana Ermida, anuncia que su grupo parlamentario presentará una iniciativa en la Cámara para "instar a la Xunta a aclarar las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación en los últimos días", en referencia al reportaje del pasado domingo en EL PAÍS sobre la investigación judicial que todavía continúa y que se inició en 2010 en el Juzgado número 3 después de que varios abogados de oficio presentasen una denuncia conjunta sobre varios casos de familias despojadas de sus criaturas. En ella destapaban casos de recién nacidos y menores de corta edad que habían sido retirados a sus padres mediante unas supuestas maniobras administrativas que la propia juez definió como "graves irregularidades". La policía judicial llevó a cabo registros desde entonces, en busca de documentación, tanto en la delegación de la Xunta en Lugo como en una residencia de monjas de la ciudad, el Hogar Madre Encarnación. En esta casa de acogida habitan durante los últimos meses de sus embarazos mujeres sin recursos ni familia, víctimas de malos tratos e inmigrantes y niños declarados oficialmente en situación de desamparo. Las religiosas reconocieron en el juzgado realizar informes de estas madres a requerimiento de la Xunta.

La magistrada Estela San José hablaba en un auto de mayo de 2010 de expedientes de adopción que, en pleno siglo XXI, "se basan en informes cuyo contenido no es el que aluden" o citan certificados médicos "que no existen". Estas "decisiones administrativas" aluden "como fundamento" a "situaciones que parecen no haberse producido", seguía. La juez hablaba de responsabilidades "penales" y de "irregularidades en la tramitación que podrían llegar a considerarse como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricación por parte de funcionarios publicos". Durante dos años, San José realizó interrogatorios pero no llegó a imputar a nadie. Recientemente se inhibió por motivos de incompatibilidad y el caso recayó sobre el vecino juzgado número 2.

En la misma línea que el Bloque, que exige a la Xunta "abrir una investigación interna para aclarar la presunta trama de adopciones irregulares", se pronunció también el pasado lunes la Confederación Intersindical Galega. La secretaria comarcal de CIG-Saúde en Lugo-A Mariña, Carme Aira, registró un escrito en la Consellería de Sanidade dirigido a la gerencia del Hospital Lucus Augusti. El sindicato pide que se abra una investigación interna en el Sergas "para poder demostrar de manera fidedigna la no implicación del personal del centro". Buena parte de los casos investigados por la juez son de bebés que nacieron en el viejo Hospital de Lugo en los últimos años. Además, la CIG recuerda que "de manera anacrónica, la congregación religiosa que regenta la casa de acogida cuenta todavía con unas plazas de auxiliar de enfermería reservadas" en el complejo médico de la ciudad.