La fiscalía verá el enriquecimiento de la exalcaldesa de Sant Vicenç dels Horts

El incremento patrimonial de la exalcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), la socialista Amparo Piqueras, durante su mandato está en el ojo del huracán. La Oficina Antifraude sostiene que el incremento de sus bienes, valorados en 247.354 euros, no está justificado, según ha podido saber EL PAÍS. Además, sospecha que Piqueras pudo cometer un delito de falsedad documental, al no facilitar, de forma completa, al Consistorio sus bienes patrimoniales, tal y como obliga la ley.

En un año y 10 meses, Piqueras pasó de tener la mitad de un piso en Sant Vicenç a ser propietaria de la mitad de otro inmueble, en primera línea de mar, en Calafell (Baix Penedès), y dueña de cinco plazas de aparcamiento y un trastero. Todo junto, según la Oficina Antifraude, está cifrado en casi 250.000 euros. El organismo ha remitido las conclusiones de su investigación a fiscalía, para que abra diligencias, si lo considera pertinente.

Los inmuebles se adquirieron entre 2005 y 2006, cuando Piqueras era aún alcaldesa de la ciudad (28.000 habitantes). La socialista primero ejerció como concejal, y en 2003 ganó la alcaldía, hasta 2011. La ley obliga a los cargos electos a presentar la declaración de bienes y de incompatibilidades.

Y deben hacerlo cada vez que cesan y que asumen su cargo, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión. Según el escrito que la Oficina Antifraude ha remitido a la fiscalía, Piqueras presentó unas declaraciones completas antes de ser alcaldesa, tanto de sus bienes patrimoniales, como las posibles causas de incompatibilidad y actividades que le supusiesen ingresos económicos. Pero a partir de 2003, Piqueras se limitó a entregar su declaración de bienes que actualizó en 2006 y 2007. Esto por sí mismo, según Antifraude, ya supone una irregularidad.

La investigación contra la exalcaldesa  arranca en 2010 con una denuncia de Esquerra Republicana

Pero lo peor, según recoge el informe remitido a la fiscalía, es que no aportó todos los datos. Piqueras informó en total al Ayuntamiento de que tenía la mitad de dos pisos y cuatro plazas de aparcamiento. Pero según los datos del registro de la propiedad, posee otra plaza de aparcamiento más y un trastero, también en Calafell.

Tampoco contó, en el apartado de incompatibilidades — que sólo presentó en 1995 y 1999—, que ostenta junto a su marido una empresa, la compañía Transports dels Horts. En lugar de eso, Piqueras aseguró que no tenía ninguna actividad que le proporcionase ingresos y que pudiese resultar incompatible con su cargo público. Antifraude concluye que la exalcaldesa podría haber incurrido en un delito de falsedad documental.

La exedil compró un piso, cinco parkings y un trastero sin hipotecarse

Y además, subraya el posible enriquecimiento injustificado durante su mandato. De todos los documentos consultados por la Oficina, no se deduce ni constata ningún tipo de ingreso, aparte de su sueldo público. Además, Piqueras no constituyó ninguna hipoteca para adquirir los inmuebles, según los datos registrales.

A lo que se suma que durante los 16 años que ejerció como cargo público, la exalcaldesa solo presentó las declaraciones de bienes en su toma de posesión, cuando en realidad la ley obliga a hacer también cuando se deja el cargo. Antifraude entiende que es especialmente grave en su último mandato, puesto que no repitió como alcaldesa, y ya no volvió a presentar en la asunción del cargo sus declaraciones. “Mientras que no tenga ninguna notificación no voy a decir nada. No tengo ese documento, no puedo opinar”, respondió ayer Piqueras a las preguntas de este diario.

Antifraude no descarta que pueda haber una explicación a ese aumento patrimonial, pero destaca que de todos los documentos aportados por el Consistorio, y las propias declaraciones presentadas por la exalcaldesa, no queda justificado el enriquecimiento patrimonial que gozó en un año y 10 meses. Asimismo, destaca la falta de transparencia de Piqueras en sus dos legislaturas como alcaldesa, en las que presuntamente alteró a consciencia documentos públicos.

La investigación contra la exalcaldesa socialista arranca en 2010 con una denuncia del Esquerra Republicana, cuando estaba en la oposición (en la actualidad el líder de ERC, Oriol Junqueras, es el alcalde de Sant Vicenç). Ya entonces, a través de la revista local Els Pebrots, difundieron el caso.

“Siempre hemos dicho que desconocemos cómo lo ha hecho para adquirir esos bienes, y eso es lo que queremos saber. Creemos que la Administración ha de ser muy cuidadosa con este tipo de casos”, aseguró a este diario el concejal Jordi Soto, que fue uno de los denunciantes. El grupo también informó hace casi tres años de un posible trato de favor hacia sus familiares, que obtuvieron cargos públicos y pisos de protección oficial, aunque Antifraude no ve indicios de delito en estos casos.