El PP rechaza que Camps y Barberá comparezcan por Nóos en las Cortes
El grupo popular alega que daría una "mala imagen de los políticos"
![C. VÁZQUEZ](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F12455671-5a81-4d66-bfe3-2c00df3e08e8.png?auth=a2bcf8624cb33d98b917f7df893dd91eef3e8aa56a5049ea58367f8d7e1ccb71&width=100&height=100&smart=true)
![Francisco Camps y Rita Barberá, en una visita a la planta de Ford en Almussafes en 2010.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2IRGSXDQDLTCHG2QBX5F5GFYSU.jpg?auth=913cdab4fa20b65e11b840371d5390c863b1272bafb84c164c3425a553f76687&width=414)
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos del PP, tomaron decisiones sin atender ningún tipo de procedimiento legal y lo hicieron de forma opaca, otorgándole cerca de cuatro millones de euros al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, duque de Palma. El Grupo Popular en las Cortes evitó que ambos políticos compareciesen en las Cortes Valencianas para dar explicaciones a la oposición de aquellas adjudicaciones como solicitaba EUPV.
La iniciativa, defendida por el parlamentario Ignacio Blanco, fue debatida en la comisión de Coordinación, y contó con el apoyo del resto de grupos de la oposición —socialistas y Compromís—. El diputado popular Eduardo Ovejero desechó las comparecencias porque el asunto, dijo, “está siendo valorado donde corresponde”, en los tribunales. Ovejero reclamó al resto de grupos que dejen trabajar a la justicia y criticó iniciativas como la de ayer porque “dan mala imagen de los políticos ante los ciudadanos”.
Blanco replicó que quienes dan mala imagen de los políticos “son los que presuntamente prevarican y defraudan” y subrayó que Camps y Barberá fueron los padrinos políticos de Urdangarin para hacer negocios supuestamente ilegales, dijo. El parlamentario insistió en que los valencianos merecen respuestas claras y concretas “que ni Camps ni Barberá quieren dar” y exigió que se depuren responsabilidades por este caso, judiciales y políticas. Este grupo ha presentado una veintena de iniciativas parlamentarias pidiendo respuestas sobre este caso y todas han sido vetadas por el PP.
La socialista Eva Martínez apoyó que los diputados ausentes expliquen “los negocios oscuros y opacos con una trama corrupta” y denunció el placaje constante del PP para proteger a Camps y Barberá.
La parlamentaria Mireia Mollà, de Compromís, defendió también ambas comparecencias por tratarse de uno de los casos de suma y sigue de lo que el PP ha hecho con los fondos públicos. “Se señalan a cargos que han sido pilares básicos de la política del ejecutivo del PP y forman parte del poder legislativo”, agregó.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, entiende que Camps y Barberá tienen responsabilidades por haber dado a la fundación del duque de Palma contratos públicos sin concurso, recoge uno de sus autos. El magistrado ve estas adjudicaciones como una “forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin”.
El juez supone que el expresidente y la alcaldesa tienen responsabilidades penales por haber favorecido desde empresas públicas a la trama que lideró el yerno del Rey Iñaki Urdangarin con su exsocio Diego Torres a través del Instituto Nóos, que se definía “sin ánimo de lucro”. En Baleares y Valencia, Nóos se embolsó más de seis millones entre 2004 y 2007.
La Audiencia de Palma permitió, por otro lado, a los concejales del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia ejercer la acusación popular en el caso seguido para investigar un supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
En un auto, la Audiencia rechaza la pretensión del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, imputado en la causa, a la que se adhirió su esposa, la infanta Cristina, de que se anulara la decisión de josé Castro de tener por personados como acusación a estos concejales.
La sala estima una parte del recurso al disponer que procede que dichos ediles estén personados en la causa como acusación popular pero no como acusación particular colectiva, al no ser afectados directos, por lo que explica que no han de formular querella.
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